El fraude de Volkswagen lleva decenas de denuncias a los juzgados gallegos

Manoli Sío Dopeso
m. sío dopeso REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

KEVIN LAMARQUE | Reuters

Las querellas reclaman compensaciones económicas a fabricante y concesionarios

13 may 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

Casi 30.000 gallegos tienen un coche marcado con etiqueta del dieselgate. Hay quien ni siquiera lo sabe, porque las cartas de llamada a revisión firmadas por Tráfico y Volkswagen todavía están llegando estos días a los usuarios afectados. Mientras la mayoría no tiene claro si llevar o no a arreglar el coche al taller, los hay ya que deciden acudir a la justicia.

Al menos tres juzgados gallegos han admitido ya a trámite varias decenas de demandas interpuestas por lo civil contra el constructor alemán por parte de propietarios de vehículos Volkswagen, Audi o Seat que tienen el motor trucado para maquillar las emisiones durante los controles en los talleres.

Se trata de las primeras diligencias judiciales que tienen lugar en Galicia en relación a este macrofraude que en todo el mundo cuenta con casi 11 millones de afectados (más de 700.000 en España). Estas indagaciones iniciales son fruto de las demandas que los consumidores han interpuesto ante la incertidumbre generada por la firma automovilística, que en Estados Unidos ha decidido devolver el precio de los coches a cada usuario, mientras que en Europa se ha limitado a ofrecer una solución técnica: arreglar el coche sin coste para el propietario.

Primero, conciliación

Con o sin corrección, los modelos afectados son aptos para circular en España y pasar la ITV, pero el temor de los propietarios a que el paso por el taller reste prestaciones al vehículo, o a que un cambio de legislación, en materia de emisiones, deje a estos coches al margen de la ley, está moviendo a los consumidores gallegos a reclamar judicialmente.

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Vigo tramita una treintena de denuncias presentadas a través del gabinete de abogados Balms. Fuentes del despacho explican que están a la espera de que se fije la fecha del acto de conciliación, al que, con toda probabilidad no acudirá Volkswagen, como ha ocurrido hasta ahora en otros procesos abiertos en España.

«Vamos a poner más demandas individuales, también contra los concesionarios», afirma este bufete, consciente de que el caso «va para largo». «Mucha gente se está enterando todavía ahora, a través de las cartas que está mandando el Ministerio de Interior, de que están entre los afectados», aseguran.

La cantidad que reclama cada propietario depende de la potencia de su vehículo, pero hay usuarios de turismos de alta gama que solicitan una indemnización de 20.000 euros y otros un mínimo de 4.000 euros.

La media de reclamación es de 7.000 euros. «Hemos hecho el cálculo a partir de la valoración del coche que figura en las tablas de Hacienda», explican.

En cualquier caso, lo que está ocurriendo en Galicia es solo el principio de un proceso que avanza en toda España.

El despacho de abogados Legálitas ha presentado en los juzgados de Barcelona 5.000 demandas colectivas de conciliación por el fraude.

La organización de consumidores Facua se personará en los próximos días como acusación popular en la investigación penal que instruye la Audiencia Nacional. En su nombre ya se han presentado denuncias contra las filiales de la compañía automovilística en España ante la CNMC y las diecisiete agencias y direcciones generales con competencias en la protección de los consumidores de las comunidades autónomas.

En la misma línea, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) está preparando una demanda colectiva de 7.000 afectados.

Alemania apunta a Opel por posible manipulación de emisiones

El grupo alemán Opel, filial europea de la estadounidense General Motors, podría haber manipulado las emisiones de gases de sus vehículos diésel más allá de lo que hasta ahora se conocía, según una investigación del semanario Der Spiegel y la cadena pública ARD difundida ayer.

Ambos medios aseguran que los dispositivos de limpieza de los gases contaminantes de los vehículos diésel de esta casa (no precisa modelos, pero todo apunta al Zafira 1.6) solo funcionan de forma muy limitada, por lo que contaminan por encima de los límites legales.

La investigación denuncia que, además de los sistemas de desconexión de estos mecanismos ligados a la temperatura que ya detectó recientemente el Ministerio de Transporte alemán, Opel instalaba también en sus vehículos sistemas de desconexión que tenían en cuenta otras variables como las revoluciones a las que gira el motor, la velocidad a la que circula el coche o incluso la presión atmosférica, según la investigación, algo que los expertos consideran ilegal.

Der Spiegel apunta que estos sistemas solo funcionaban plenamente en las condiciones en las que se realizan los test de emisiones en banco de pruebas. «Como en Volkswagen, también en Opel hay unas medidas técnicas que permiten que la limpieza de gases no funcione como prevé la directiva de la UE. En ambos casos se trata de mecanismos de desconexión no permitidos», declara Martin Führ, experto en Derecho Medioambiental en la Universidad de Darmstadt.

Hay otros fabricantes bajo sospecha (PSA, Mitsubishi, Daimler), pero hasta el momento el escándalo del grupo alemán Volkswagen es el único que tiene entre sus 11 millones de afectados en el mundo a clientes españoles.