El Gobierno tiene dos meses para blindar a los consumidores de las cláusulas hipotecarias abusivas
29 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Se acabó el tiempo de gracia. La Comisión Europea asestó ayer un nuevo revés al Gobierno de Mariano Rajoy por ignorar sus llamadas reiteradas a acatar la legislación comunitaria en materia de protección del consumidor.
Bruselas ha expedientado a España por no garantizar «plenamente» la defensa de los ciudadanos expuestos a cláusulas abusivas en sus contratos hipotecarios. El Ejecutivo europeo reprocha a las autoridades españolas su lentitud a la hora de adaptar la legislación nacional a las normas de la UE, las mismas que hubiesen servido de paraguas protector para las miles de personas desahuciadas durante los peores años de la crisis.
La Comisión insiste en que todavía queda por adaptar el procedimiento civil que regula la ejecución hipotecaria y las órdenes de pago. La UE no entiende cómo el Gobierno español permite que se le dé continuidad a un proceso de desahucio cuando el cliente afectado ha presentado un recurso o mientras un tribunal examina la validez del contrato.
España tiene dos meses para hacer los deberes y adaptar sus leyes para poner coto al abuso de bancos y promotoras antes de que Bruselas decida elaborar un dictamen motivado, paso previo a llevar al país ante la Justicia europea. El Gobierno de Rajoy ya sabe lo que es bregar con el Alto Tribunal. Hace solo dos semanas recibió otra advertencia seria sobre las irregularidades en materia hipotecaria al considerar «abusivas» las cláusulas suelo.
A pesar de las prisas de última hora, el tirón de orejas de Bruselas llega muy tarde. España lleva desde el 5 de abril del año 1993 sin cumplir con la directiva 93/13. En la cresta de la crisis y tras un histórico y costoso rescate bancario, la oleada de desahucios dejó conmocionada a la sociedad española. No así al Gobierno, que siguió dando la espalda a sus obligaciones mientras Bruselas hacía cuentas para mantener al sistema bancario español a flote. El expediente disciplinario no llegó entonces. Las cuentas de balance pesaron más que las obligaciones morales y legales de los dos Ejecutivos. Con el olvido del Gobierno español y el silencio de Bruselas, los afectados acudieron por su cuenta y riesgo ante la Justicia europea. Así lo hizo Mohamed Aziz, quien en marzo del 2013 le ganó la batalla a España ante el Tribunal de Luxemburgo que declaró «abusivas» las cláusulas hipotecarias al encontrar un grave desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes. Desde entonces, el Gobierno se vio obligado a introducir cambios en la legislación que han sido a todas luces insuficientes para colmar las lagunas que todavía persisten y «preocupan» a Bruselas.
Esta vez España deberá responder o atenderse a las consecuencias. Si no lo hace ante la Comisión ni cede ante la Justicia, se enfrentará al castigo de último resorte, las sanciones económicas.