Los papeles de Panama vinculan a Sousa y parte del consejo  de Pescanova con sociedades «offshore» en las Islas Vírgenes

Manoli Sío Dopeso
M. SÍO DOPESO REDACCIÓN

ECONOMÍA

Oscar Vazquez

Así lo revela una información que publica hoy «El Confidencial» en base a los papeles de Panamá

22 abr 2016 . Actualizado a las 01:48 h.

En julio del 2013, cuando Pescanova estaba a la deriva, su presidente, Manuel Fernández de Sousa, ahora investigado por la Audiencia Nacional a causa de su gestión, reactivó una de sus empresas , radicada en las Islas Vírgenes, según consta en la investigación de los papeles de Panamá que ha ido desvelando en las últimas semanas el consorcio internacional de periodistas de investigación (en España lo publica El Confidencial). 

Esta información, en todo caso, no consta en el sumario del caso Pescanova y, según fuentes legales consultadas, podría afectar a la instrucción, aunque esta está ya prácticamente cerrada. La información recoge que el 10 de julio del 2013, en plena crisis de Pescanova (se declara en preconcurso en marzo), un abogado de Ginebra, Alain B. Levy, se dirigió al bufete panameño Mossack Fonseca, centro de la investigación de los papeles, para solicitar un certificado que acreditara que, desde el 2004, la sociedad International Gestion Finance S.A. estaba de baja y todos los bienes, transferidos a su propietario. Era  Fernández de Sousa, que estaba a días de perder la presidencia de Pescanova, justo cuando saltó a la luz, a través de una auditoría, la mencionada red de empresas en paraísos fiscales.

Esta compañía radicada en las Islas Vírgenes, consideradas paraíso fiscal, existía desde 1998 y había quedado fuera de operaciones en el 2005, cuando Sousa, cuenta , no había pagado la cuota correspondiente para mantenerla activa. En aquellos tensos días de julio, el abogado que representaba al empresario caído en desgracia le pidió también a Mossack Fonseca acreditación de que los bienes que había gestionado la sociedad, 8.564 acciones de otra empresa llamada Sodesco, habían sido transferidos a Sousa. Sodesco era, precisamente, una de las sociedades a través de las que el presidente de Pescanova ejercía su control de la firma gallega.

Un portavoz de Sousa aclaró ayer que «la empresa International Gestión y Finance se disolvió hace ya diez años, en 2006 y nunca fue reactivada». «En el tiempo en que estuvo operativa, no recibió ningún ingreso, no obtuvo ningún dividendo y nunca se utilizó para obtener ninguna ventaja fiscal. El señor Fernández Sousa no tiene ningún activo fuera de España», completó.

Otros casos en Pescanova

Los papeles de Panamá involucran a más miembros de la antigua Pescanova. El grueso del consejo de administración era cliente de Mossack Fonseca. Los Carceller, dueños de Damm, contaban con un rosario de sociedades repartidas por Niue y Samoa que están detrás del juicio abierto contra el patriarca de la saga y uno de sus hijos. Además, José Alberto Barreras Barreras, también imputado en el caso Pescanova. Está detrás de tres sociedades: Jypsy Developments Limited, Lianne Ventures Limited y Stamps Investments Limited-. En todas ellas, el empresario aparece acompañado por sus hijas, Marta, Teresa y Ana Belén.

Según la documentación de Mossack Fonseca, Barreras registró estas  en Islas Vírgenes en el 2001, y en el 2004 decidió prescindir de los servicios del despacho panameño para irse con el agente registrado Overseas Management Company Trust y transferir la administración a Gestrust SG en Ginebra.

José Alberto Barreras poseía, hasta el ejercicio justo anterior al estallido del escándalo de Pescanova, casi un 4% de la compañía a través de la armadora viguesa Transpesca.

Hace unos meses, el juez que sustituyó a Ruz, José de la Mata,  al frente del juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, resolvió poner en conocimiento de la Agencia Tributaria que Alfonso Paz Andrade, exconsejero de Pescanova e imputado por el supuesto fraude contable del grupo, «puede ser titular de activos financieros situados en Isla de Man», bajo tres denominaciones sociales. El magistrado responde así a la petición del Fiscal que ha accedido a información proporcionada por las autoridades del país al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).