Acudió al Consejo de Política Fiscal tras anunciar que el Estado asumiría un recorte de 2.000 millones de euros este año, en un esfuerzo idéntico al que les pide a las comunidades autónomas
16 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Predicando con el ejemplo, con un recorte de 2.000 millones bajo el brazo, llegó en la tarde de ayer el ministro Cristóbal Montoro a la reunión con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que, al cierre de esta edición, aún no había terminado. Sabedor de la tensión del encuentro y ante la negativa, prácticamente unánime, de los consejeros a encajar nuevos ajustes, el titular de Hacienda anunció unas horas antes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el Estado haría el mismo esfuerzo para contener el déficit que el que les exige a las comunidades, por lo que próximamente el Gobierno aprobará un acuerdo de no disponibilidad de crédito en los Presupuestos Generales del Estado del 2016 por importe de los citados 2.000 millones de euros.
Explicó que dicho acuerdo afectará «de forma proporcional» a todos los ministerios y que el recorte no afectará ni al gasto social ni a las partidas que el Gobierno considera prioritarias, como la seguridad, las transferencias a la Seguridad Social, las prestaciones por desempleo, las becas educativas o las transferencias a Adif para gastos de mantenimiento.
Flexibilizar los plazos
Aunque el ministro dijo en la Moncloa estar convencido de que en el CPFF «todo el mundo estará de acuerdo en cumplir los objetivos de déficit fijados», lo cierto es que los representantes de los Gobiernos autónomos llegaron al ministerio con las espadas en alto y un mensaje claro: la contención del gasto que exige Hacienda es imposible, por lo que se impone flexibilizar los plazos de cumplimiento.
El grueso de las comunidades lo repitieron como un mantra. Incluso las gobernadas por el PP, como es el caso de Madrid, cuya consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, a la entrada de la reunión destacó su «compromiso» con la estabilidad presupuestaria, pero también que pediría al ministro que solicite a Bruselas «mayor margen de flexibilidad temporal» para que se garantice la «prestación de servicios públicos para todos los ciudadanos». Es decir, que cumplir sí, pero con más calma.
«Tenemos una causa para rebelarnos, porque no nos resignamos y porque somos responsables de nuestra política», resumió la vicepresidenta de Castilla y León, Rosa Valdeón, cuyo Gobierno, del PP, también es muy crítico con Montoro.
Y es que el problema está en que las comunidades cerraron el 2015 con un desfase entre ingresos y gastos del 1,66 % de media. Es decir, multiplicando casi dos veces y media el 0,7 % exigido por Bruselas, lo que convierte en inalcanzable el 0,3 % fijado para este año.
El mensaje del imposible cumplimiento se amplificó por boca de cada consejero llegado a la reunión. La responsable andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, pidió «diálogo» al ministro para establecer «qué políticas y no quiénes» tienen que hacer ajustes. «Si no hablamos de las políticas a blindar, este es ya un debate viciado y en el que el Gobierno tiene el objetivo de echar la culpa a otro». Se mostró confiada en que «el Gobierno mueva ficha para llegar a un acuerdo en el reparto del sacrificio».
El consejero castellano-manchego, Juan Alfonso Ruiz, aseguró que el Presupuesto de su comunidad «ya está diseñado» para no tener que hacer ajustes y que esperaba un acuerdo con Hacienda para tener más margen de déficit este año.
Raül Romeva, el conseller catalán de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, que acudió al CPFF en lugar de Oriol Junqueras, vicepresidente económico, aseguró que iba a la reunión a escuchar qué es «exactamente» lo que quiere Hacienda que hagan las comunidades para enjugar el déficit, ya que en la carta enviada por Montoro era «poco concreta». En cualquier caso, al inicio del encuentro insistió en que las exigencias de Hacienda eran «inaceptables».
Consejo «deliberativo»
Aunque el de ayer era un consejo meramente «deliberativo», en el que no se iban a adoptar decisiones, como la aprobación de los planes de ajuste de las comunidades, el desencuentro entre la Administración central y las autonómicas era manifiesto. A ello contribuyó que el ministro responsabilizara a las comunidades del exceso en el que España incurrió en el 2015 sobre el límite de déficit, ya que cerró en el 5 % del PIB, frente al 4,2 % marcado por el Ejecutivo comunitario.
Además, Hacienda remitió a los Gobiernos regionales cartas en las que les pedía -trasladándoles a su vez la exigencia recibida en marzo desde la Comisión Europea, en el marco del procedimiento de déficit excesivo- el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El primer paso era la adopción de un acuerdo de no disponibilidad de crédito en los Presupuestos del 2016, para cumplir la regla de gasto, además de nuevos planes financieros de ajuste.
Galicia pide que se premie a los cumplidores
«Con moito esforzo. Os resultados non saen porque si. Levamos sete anos traballando no mesmo camiño», señaló el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, a su llegada al CPFF. Como comunidad cumplidora del objetivo de déficit -solo Galicia y Canarias, del régimen común, junto con el País Vasco, lo lograron- sacó pecho e insistió en lo que ya habían avanzado días atrás: que Galicia pide una compensación por haber sido alumna aventajada.
De hecho, además de plantear las mismas condiciones recibidas el pasado año, es decir, mantener su financiación a tipo cero y firmar un convenio para condonar las liquidaciones negativas de años pasados -en el 2015 recibieron 100 millones, 85 millones correspondientes a las liquidaciones del 2008 y el 2009 y otros 15 más de intereses-, también propone al ministro que, dentro del nuevo sistema de financiación autonómica, se introduzca el cumplimiento del déficit como criterio para recibir más dinero.
Valeriano Martínez recordó que Galicia es la prueba de que cumplir el déficit no es incompatible con el crecimiento económico y subrayó que «se algo fomos sempre foi unha comunidades leal e cumpridora con todo o pactado». En el CPFF, el ministro de Hacienda se comprometió con las comunidades a poner en marcha ya el grupo de expertos para la reforma del sistema de financiación autonómica, otra reclamación unánime de las autonomías.
Según explicaron fuentes del ministerio, las comunidades le pidieron a Montoro claridad sobre cómo aplicar la regla de gasto, además de ayuda para cumplirla.
Reuniones bilaterales
Al cierre de esta edición no había concluido la reunión -pese a que algunos consejeros fueron abandonándola, alegando que perdían los trenes y aviones de vuelta a sus comunidades-, pero las mismas fuentes confirmaron que aunque el ministro no había accedido a las peticiones de flexibilización del déficit, les informó de que España estaba negociando con Bruselas más tiempo para cumplir.
Asimismo, Montoro ofreció a las comunidades negociaciones bilaterales sobre las medidas que tendrán que adoptar este año para reconducir la brecha entre ingresos y gastos, a la espera de que la Comisión Europea acepte finalmente dar más tiempo a España. De hecho, el comisario Pierre Moscovici baraja conceder una prórroga adicional de dos años.