Según De Guindos, tener una sociedad «offshore» presupone culpabilidad

d. v. MADRID / COLPISA

ECONOMÍA

Juan Carlos Hidalgo | EFE

El ministro de Economía defiende a Soria y afirma que cree «absolutamente» sus explicaciones

14 abr 2016 . Actualizado a las 10:00 h.

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, reconoció ayer que tener una empresa offshore como las que se han revelado en los papeles de Panamá supone «cierta presunción de culpabilidad». En concreto, afirmó que «a priori» este tipo de sociedades no son lo «más adecuado desde el punto de vista de la presunción», aunque acto seguido pidió no generalizar. De hecho, el titular de Economía defendió a José Manuel Soria y dijo creer «absolutamente» en sus explicaciones. Según los datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el ministro de Industria aparece vinculado a la sociedad offshore UK Lines Limited creada en Bahamas a través del bufete panameño Mossack Fonseca y también a la empresa matriz del mismo nombre en Reino Unido en la que Soria aparece como secretario desde 1990 a 1997, cuando ya había empezado su actividad política. Ayer, El Confidencial mostró un documento con la firma del político canario bajo el formulario donde se le nombra como secretario de esa compañía, algo que rehuyó comentar en sus comparecencias.

La fiscal general pide investigar

Por su parte, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, se mostró partidaria de que las informaciones periodísticas procedentes de los papeles de Panamá puedan dar lugar a causas judiciales por corrupción. Explicó que las investigación abiertas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre estas revelaciones se encuentran todavía en fase «embrionaria», aunque aseguró que se sigue trabajando. «La Fiscalía está avanzando en muchos aspectos, partimos de esas informaciones pero no tenemos todavía nada concluyente».

Las autoridades panameñas, a las que la OCDE ha pedido que acepten el intercambio automático de información fiscal, también comenzaron ayer a actuar. En concreto, la justicia del país mandó registrar las oficinas del despacho de abogados Mossack Fonseca, y de sus filiales, de donde han salido los datos.