La revisión catastral obligará a miles de naves y establos a pagar por el IBI rústico

Mario Beramendi Álvarez
MARIO BERAMENDI SANTIAGO / LA VOZ

ECONOMÍA

PRADERO

Algunas instalaciones estaban sin regularizar y otras tenían una valoración muy baja, que a partir de ahora se actualizará

04 feb 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

En el campo gallego se han encendido las luces rojas en lo que a la contribución rústica se refiere. Muchos de los titulares de granjas, naves, establos o invernaderos que hasta ahora no pagaban el impuesto de bienes inmuebles (IBI) tendrán que hacerlo a partir de ahora. A ello contribuye el plan de regularización extraordinaria 2013-2016, en gran parte ligado a la lucha contra el fraude, y con el que Hacienda pretende que afloren instalaciones agrarias hasta ahora ocultas. Pero también se suman las revisiones para actualizar los catastros. Un balón de oxígeno para las maltrechas haciendas locales, especialmente en Galicia, donde los ayuntamientos se han singularizado por la inhibición fiscal en muchos casos por razones electorales, lo que ha abocado a una endémica anemia en los ingresos municipales.

«No se trata de que estas instalaciones estuvieran exentas; lo que ocurre es que había algunas sin regularizar y otras tenían una valoración tan baja que en la práctica no pagaban nada», explica Jacobo Feijoo, de Unións Agrarias (UU.?AA.), el sindicato que ha puesto el problema encima de la mesa dadas las dificultades que atraviesa la actividad agroganadera (especialmente el lácteo) en Galicia, en un contexto de bajos precios de la materia prima.

Consultado al respecto, el Ministerio de Hacienda se muestra claro. «Nosotros identificamos que hay un bien donde antes no lo había y le ponemos valor a las cosas, pero el Catastro no decide sobre el impuesto ni sobre los tipos, esa es una cuestión que es competencia del municipio», aclaran.

De hecho, lo que van a pagar las instalaciones agrarias de contribución rústica depende de lo que decida el gobierno local de turno, toda vez que la normativa permite una tasa de entre el 0,3 y el 0,9 % del valor de la propiedad, y que decide el ayuntamiento.

«Nosotros no estamos pidiendo que en el campo no se paguen impuestos; pedimos a los concellos que tengan en cuenta la situación de crisis que vive el medio rural y que, en consecuencia, no solo apliquen el tipo mínimo sino que se establezca algún tipo de bonificación», explica Jacobo Feijoo. Unións Agrarias recuerda, por ejemplo, que un establo valorado en 100.000 euros pasaría a pagar una cuota anual de IBI rústico de 900 euros en el supuesto de que se le aplicara el tipo máximo; si se estableciera la mínima, el titular tendría que abonar 300.

De fijarse además nuevas exenciones municipales en el impuesto, tal y como reclama la organización agraria, el recibo anual podría quedarse por debajo de los 100 euros. «Sobre esto queremos insistir dada la grave crisis económica del rural», insiste Feijoo.