Desestima los recursos de la entidad y da pie a que unos 5.000 accionistas gallegos recuperen toda su inversión ante la falta de veracidad en su salida a bolsa en el 2011
28 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El goteo de sentencias favorables a los clientes que compraron acciones de Bankia en el año 2011, y que terminaron por perder su dinero tras el millonario rescate de la entidad, puede terminar convertido en un chorreo. El Tribunal Supremo desestimó ayer en su integridad los recursos del banco contra dos sentencias -de Valencia y de Oviedo- que decretaron la nulidad de los contratos de compra de títulos porque hubo error en el consentimiento al existir un desfase entre las cifras del folleto informativo y las reales. Y abre así la puerta a que detrás lleguen todas las demás demandas al marcar el camino. Hay miles de pequeños inversores aguardando, por un montante superior a los 800 millones de euros.
La entidad ya se temía un pronunciamiento en este sentido. En los últimos meses ha reservado unos 1.800 millones para cubrir esta contingencia judicial.
El alto tribunal ha rechazado, además, que la causa penal pendiente en la Audiencia Nacional -donde se instruye el caso contra la antigua cúpula del banco, con Rato al frente, precisamente por esa salida a bolsa- pueda paralizar las reclamaciones individuales por la vía civil. Desmonta así parte de la estrategia de defensa de Bankia. La vía particular, de esta forma, seguirá su cauce; y la penal, con las derivadas que pueda tener, la suya. Y una posible sentencia absolutoria ahí, en la Audiencia, ya no tendría consecuencias en los pequeños inversores.
En Galicia, despachos de abogados calculan que hay entre 5.000 y 7.000 inversores a los que esta decisión del Supremo acerca más a poder recuperar su dinero. Bankia no tiene una cuota de mercado importante en la comunidad, pero el caso es que en el 2011 sus acciones se vendieron por muchos canales, incluso a través de otras firmas, desde las antiguas cajas gallegas hasta el Pastor. Sacar adelante a esa entidad era casi una cuestión de Estado. En la misma operación entraron algunas fortunas gallegas, que también compraron paquetes accionariales.
No se conoce la argumentación del Supremo al tumbar los recursos, pero sí que ha confirmado que hubo «error en el consentimiento por parte de los adquirentes debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública». Va en la línea de lo que previamente habían fallado las audiencias provinciales en Asturias y Valencia, que consideraron probado que la información reflejada en la oferta pública «resultó incorrecta e inveraz en aspectos relevantes» y dio apariencia de una solvencia que no era real. Los casos que han dado pie a esta resolución son los de miles de clientes: matrimonios que habían metido entre 10.000 y 20.000 euros de sus ahorros en acciones.