El Tribunal Supremo confirma el criterio que han venido siguiendo juzgados y audiencias provinciales en relación con las demandas presentadas por miles de compradores que acudieron a la oferta pública de venta/suscripción con ocasión de la salida a bolsa de Bankia el 20 de julio del 2011. A pesar de no conocerse todavía en detalle la sentencia, sí sabemos que confirma la anulación de las respectivas operaciones de compra de acciones con fundamento en que la información contenida en el folleto de la emisión no reflejaba la situación económica real de la entidad financiera. Además, se resuelve otra cuestión fundamental de naturaleza procesal (formal), pues rechaza que las reclamaciones de los compradores de las acciones puedan verse paralizadas por la tramitación de la causa penal ante la Audiencia Nacional, relativa a una larga serie de delitos relativos a la gestión de la entidad y a la propia salida a bolsa. El Supremo asesta un durísimo golpe a Bankia, obligada a la devolución de las cantidades invertidas por los compradores de las acciones -con abono de intereses y pago de costas judiciales- y desarbola la estrategia defensiva de la entidad, cuya exclusivo apoyo era intentar paralizar las reclamaciones civiles al amparo de una pretendida vinculación inexorable a la causa penal de Rato y compañía.
El pronunciamiento es contundente y, además de marcar el camino a seguir por órganos judiciales inferiores, supondrá un acicate para que aquellos inversores rezagados, pendientes del resultado de las reclamaciones, se lancen a demandar. Según las estimaciones de la propia entidad, las cantidades pedidas ascenderían a 820 millones de euros, frente a un total de 1.852 de inversión a cargo de los compradores minoristas. Si echamos cuentas, todavía hay un margen de 1.000 millones de euros. ¡Casi nada!
*Rafael González del Río es Abogado en Caruncho, Tomé y Judel