Solicita también penas menores para los otros 64 exdirectivos y consejeros acusados
15 ene 2016 . Actualizado a las 01:15 h.El camino hacia el banquillo se acorta para Miguel Blesa, Rodrigo Rato y otros 64 exdirectivos y consejeros de la antigua Caja Madrid y Bankia por el uso indebido de las tarjetas black. La Fiscalía Anticorrupción presentó ayer su escrito de acusación en el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, después de que el juez Fernando Andreu diera por concluidas las pesquisas sobre el caso. El Ministerio Público solicita penas de entre uno y seis años de cárcel para los acusados por la presunta comisión de un delito continuado de apropiación indebida, pero son Blesa y Rato, que fueron presidentes de Caja Madrid y Bankia -el exministro-, los que se enfrentan a las mayores peticiones de pena: seis y 4,5 años de prisión, respectivamente.
Para Blesa, con quien se implantó el sistema de pagos opacos al fisco a través del que se cargaron más de 15 millones de euros en gastos personales entre los años 1999 y 2012, Anticorrupción también reclama una indemnización de 9,34 millones (equivalente a los imputado indebidamente por todos los beneficiarios de las black durante su presidencia), mientras que la solicitada a su sucesor al frente de la entidad es menor, de 2,69 millones de euros.
En cualquier caso, las indemnizaciones tienen carácter solidario (cada beneficiario tendrá que devolver el importe de lo gastado) y se descontarán las cantidades ya repuestas por once de los acusados, a los que la fiscalía aplica por ello el atenuante de reparación del daño. Entre ellos están el ex jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, o el que fue director general de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj, que se enfrentan a una petición de cárcel de dos años.
El escándalo de las tarjetas B de la antigua caja saltó al descubrirse que decenas de exdirectivos y consejeros las habían usado durante años para cargar a la entidad todo tipo de gastos personales -desde hoteles y restaurantes de lujo a ropa, regalos e incluso antigüedades y joyas, pasando por gasolina o peajes- sin dar cuenta de ello a Hacienda.
Inicialmente, en la causa abierta en la Audiencia Nacional el juez Andreu investigó a 85 personas, pero ahora Anticorrupción acusa a 66, ya que en el resto de los casos los delitos han prescrito o los beneficiarios de las visas opacas han fallecido.
Además del Ministerio Público, que los acusa de apropiación indebida, Bankia y el FROB, como acusación, imputan a Blesa y Rato otro delito de administración desleal, por lo que piden para ellos cuatro años y nueve meses y tres años de prisión, respectivamente, e idénticas indemnizaciones que la Fiscalía.
Opacas al control de Hacienda
En su escrito de acusación, Anticorrupción subraya que Blesa autorizó la entrega de las visas para «gastos de libre disposición, incluidos los ajenos a la representación de la entidad», de modo que creó una «suerte de sistema retributivo que carecía de todo amparo legal». Entiende que las tarjetas se emitieron «al margen del circuito ordinario» de la caja para que tuvieran la «necesaria opacidad» y que fue Sánchez Barcoj el encargado de entregarlas a sus beneficiarios, sin que «nunca» se practicara retención fiscal por su uso, es decir, que eran opacas al fisco.
A su llegada a la caja, Rato continuó con el sistema, del que Sánchez Barcoj lo puso al tanto y lo hizo también beneficiario, según el fiscal. No fue hasta el 2012, con la llegada de José Ignacio Goirigolzarri a la presidencia de Bankia que «se cancelaron».