El plan de regularización de inmuebles opacos al fisco ha peinado ya 191 concellos
22 dic 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Un millar de piscinas ocultas, concretamente 1.024, ha descubierto la Dirección General del Catastro en Galicia durante el primer año en vigor del plan especial de regularización de inmuebles no declarados. Detrás de la anécdota de las nuevas albercas afloradas a los ojos del fisco en la comunidad (suponen el 4 % de los 25.600 inmuebles ocultos que Hacienda detectó el pasado año en 27 ayuntamientos gallegos cuya revisión se cerró) está un ambicioso programa que pretende dejar en el 2017 un Catastro «completamente actualizado».
Algo así como un Gran Hermano de nada menos que 37 millones de inmuebles urbanos y casi 40 millones de parcelas rústicas en 7.595 municipios de España (excluyendo el País Vasco y Navarra) que, por fin, habrán declarado correctamente todos los cambios escondidos a la Administración: desde la nueva piscina hasta la ampliación del garaje o la reformita de la terraza que acabó reconvertida en ático.
Y para detectar las discrepancias entre los bienes inmuebles declarados y la realidad, ya sean por nueva construcción o por haber sido objeto de ampliación, reforma, rehabilitación o cambio de uso, el Catastro tira de todos los medios a su alcance y combina las inspecciones sobre el terreno con fotografías aéreas (con drones) e imágenes de satélite.
A punto de cerrarse el segundo ejercicio de esta macroinspección, los datos de la primera oleada de regularizaciones confirmaron que apenas el 10 % de los inmuebles revisados en Galicia (25.600 en cifras absolutas) tenían alguna tipología de fraude. Es decir, que la inmensa mayoría, están correctamente declarados y pagan el IBI (impuesto de bienes inmuebles) que les corresponde. De hecho, la construcción de piscinas fue la ocultación porcentualmente menos frecuente (el 4 %), mientras que la más abultada (el 35 % o, lo que es lo mismo, casi 9.000 casos) consiste en no declarar nuevas construcciones, que incluyen todo tipo de inmuebles, desde galpones a garajes.
Le siguen, con casi 8.200 casos (el 32 % del total) las ampliaciones como, por ejemplo, añadir una planta más a una vivienda; y con el 29 % (7.424 expedientes) las reformas, en las que se incluyen los cambios de uso.
A estos primeros datos, referidos únicamente a 27 del casi centenar de ayuntamientos en los que en el 2014 se había completado el programa de regularización catastral, están a punto de sumársele los 64 (algo más del doble que en el primer año) que han concluido a lo largo de este ejercicio.
De mantenerse el porcentaje de detección de fraude (del 9,84 % del total en el primer año), dispararía las cifras por el mayor número de concellos peinados.
Revisados el 61 %
En cualquier caso, el Catastro ya ha aprobado y publicado en el BOE inspecciones de regularización en otros 96 concellos, que concluirán a lo largo del 2016, lo que, desde su puesta en marcha -a finales del 2013-, eleva a 191 el número de ayuntamientos revisados, casi el 61 % del total de los que hay en la comunidad. Porcentualmente, con cerca del 81 %, Lugo es la provincia en la que más municipios (50) se ha implementado el programa de regularización, seguida de A Coruña (60,2 % y 56 ayuntamientos), Pontevedra (54,8 % y 34) y Ourense (51,1 % y 47 territorios).
Los infractores pagan una tasa de 60 euros por cada inmueble que Hacienda aflore
«Si pagamos todos, pagamos menos». Esa es la filosofía que alienta, según Hacienda, el plan de caza a los inmuebles ocultos, que es «el proyecto más ambicioso y estratégico del Catastro en toda su historia reciente», como subraya la dirección general en una publicación propia. Nace como un instrumento en la lucha contra el fraude fiscal e inmobiliario y para el impulso a la financiación local, ya que su «objetivo esencial» es la incorporación al Catastro de las omisiones de inmuebles y de alteraciones en sus características para su «correcta» valoración y, en consecuencia, para su «justa tributación».
Sin multa, pero con más IBI
Porque aunque desde Hacienda se subraya que el plan no tiene afán recaudatorio y que «excluye la aplicación de las sanciones catastrales por el incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta», ser cazado tiene consecuencias. Aunque no hay multas, el infractor tendrá que pagar una tasa de 60 euros por inmueble regularizado, que se destina a «financiar» el trabajo de campo que el programa exige.
Las mismas fuentes recuerdan que el Catastro «pone el valor al inmueble y luego son los ayuntamientos los que deciden el tipo de gravamen que le aplican». La traducción práctica es que, a la tasa de 60 euros se suma el incremento del recibo del IBI que no se abonó por los bienes ocultos (los de los últimos cuatro años, que son los no prescritos) y al que se le aplica la ponencia de valores vigente (153 euros de subida media, según Hacienda), además de la liquidación de los atrasos, otros 321 euros de media, en total, un pico de más de 500 euros.