El caso del crédito para una construcción fallida en Rivas-Vaciamadrid es el primero que llega a la Audiencia Nacional dentro del proceso de revisión del pasado que el FROB -el fondo estatal de rescate bancario- puso en marcha en el 2014 para tratar de enjugar las cuantiosas pérdidas que para el Estado estaba suponiendo el rescate y subasta de las antiguas cajas. Es el primero, y aunque fuentes conocedoras del proceso creen que a corto plazo no llegarán nuevos casos a la Audiencia, también añaden que es posible que no sea el último este de Rivas. En estos dos años el FROB remitió a la Fiscalía Anticorrupción 13 operaciones sospechosas de Caixa Galicia y Caixanova, todas vinculadas al ladrillo, que le pudieron provocar un quebranto de casi 1.000 millones de euros (980, en concreto) a unas entidades que, tras su fusión y nacionalización, recibieron casi 10.000 millones de euros en ayudas públicas.
El caso ahora en instrucción -en fase muy inicial- supone 14 millones de quebranto de esos 1.000 citados, apenas un 1,4 % de los fondos que trata de recuperar el fondo de rescate. Otra cosa es que llegue a conseguir parte de ese dinero para el erario. Ese es el objetivo del FROB. El de los directivos es otro: demostrar que este tipo de operaciones se enmarcaban dentro de la normalidad de esa época, años 2005 a 2008, en pleno bum del ladrillo, y con las garantías que entonces se exigían. Ojo a otro factor: tres de los directivos que pasaron ayer por la Audiencia (Gayoso, Pego y Rodríguez Estrada) tienen ya una condena de dos años de prisión. No tendrán que pisarla, salvo que tengan otra pena posterior, y ese es uno de sus temores con estos casos. Casos, por cierto, que no solo atañen a las cajas gallegas: van de Bankia a BMN, Catalunya Banc, Unnim...