Adicae y los condenados sí lo harán, y la Fiscalía aún no se ha pronunciado
24 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) no recurrirá la sentencia dictada el jueves por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra los ex directivos de Novacaixagalicia. Aunque la acusación particular en el procedimiento la ejerció NCG Banco (ahora Abanca), entidad a la que en septiembre del 2011 se traspasó la actividad financiera de la antigua caja fusionada, de facto el perjudicado del caso es el FROB, y era también quien indirectamente ejercía esta acusación, aunque lo hiciera a través de letrados del banco. El propio fallo recuerda que tras la inyección de 9.000 millones de dinero público en la entidad financiera, el FROB se convirtió en su propietario. En diciembre del 2013 se vendió al grupo Banesco, lo que posteriormente daría lugar a la actual Abanca.
Tanto es así, que en la sentencia los magistrados establecen que las cantidades indebidamente percibidas por los condenados (14,5 millones de euros entre José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada) le sean devueltas directamente al FROB. Y no a Novacaixagalicia, aunque fue quien pagó. El auto lo justifica porque la caja «ha desaparecido como persona jurídica, y era una entidad enteramente participada por el FROB, pues en el momento de la liquidación de los contratos (de los ex directivos) tendría un 93,6?% de las acciones hasta la venta a un tercero de NCG Banco, en el año 2013-14». El fallo insiste en que las cantidades que los ex banqueros recibieron al desistir de sus contratos de alta dirección «en el fondo la abonó íntegramente el FROB, organismo público que posibilitó que NCG subsistiera gracias al dinero público inyectado».
En cualquier caso, esta acusación particular, defendida por el abogado Javier Sánchez-Junco, no recurrirá esta sentencia de la Audiencia Nacional, tal y como confirmaron desde ese despacho. Se entiende que considera suficiente el fallo.
En casación al Supremo
Quien sí recurrirá es Adicae, que ejerció la acusación popular en el proceso a través del despacho gallego Laterna Abogados. También elevarán su disconformidad con la sentencia a la instancia superior, es decir, recurrirán en casación a la sala segunda del Tribunal Supremo, los exdirectivos condenados. El primero en confirmarlo fue el abogado del ex copresidente, Julio Fernández Gayoso, horas después de notificarse la sentencia, mientras que ayer se sumaron a la misma postura los letrados de Pego, Gorriarán y Rodríguez Estrada, que confiaron su defensa a un bufete madrileño.
El quinto condenado, el abogado Ricardo Pradas, asesor externo en los contratos que la posibilitaron el cobro de las indemnizaciones consideradas ilegítimas por el tribunal, previsiblemente también recurrirá, aunque este extremo no ha podido ser aún confirmado, al igual que la postura de la Fiscalía respecto a la sentencia. En sus conclusiones provisionales, el Ministerio Público arrancó pidiendo una condena de tres años de prisión, al imputarles a los acusados la comisión de los delitos de apropiación indebida y administración leal, y alternativamente estafa, aunque finalmente el tribunal les rebajó la condena a dos años, la mitad de los cuatro que pedía Adicae.
La resolución de estos conflictos en el Supremo puede llevar incluso a varios años, y hasta entonces podría dilatarse la ejecución de la sentencia.