Lo de Barcina es solo el penúltimo escándalo de las puertas giratorias, una de las peores prácticas de la clase política española que provoca un enorme rechazo. Un espectáculo casi obsceno que sin embargo volverá a representarse con intensidad próximamente cuando, tras las elecciones, haya que encontrar acomodo a muchos de los que van a perder el puesto. Esta connivencia entre empresas y política es una de las características del modelo de capitalismo de amiguetes que impera en nuestro país. En España hay una serie de sectores muy vinculados a lo público, tanto por la regulación legal de sus actividades como por su nivel de negocio, que tiene en los presupuestos públicos su principal fuente de ingresos. Las grandes empresas de banca, energía, telecomunicaciones o construcción necesitan el favor de lo público y, por eso, premian con puestos muy bien remunerados a personas sin capacidades demostradas en la actividad empresarial, pero que sí reúnen una condición: pertenecer a uno de los dos grandes partidos que siempre nos han gobernado.
Por cierto, muchas de las empresas de las que cobran los gobernantes en paro son -oh casualidad- antiguas empresas públicas privatizadas por los que ahora cobran cientos de miles de euros por realizar trabajos en los que -según nos contó uno de ellos- se aburren soberanamente. Estas prácticas contaminan a la democracia y son cada vez más insoportables para ciudadanos que son al mismo tiempo consumidores que tienen que pagar sobreprecios -tarifas eléctricas o comisiones bancarias, por ejemplo- que imponen las grandes empresas de oligopolios sin competencia, con la complicidad necesaria de los gobiernos. Por eso, como la corrupción, se tienen que acabar. O lo hacen los denominados grandes partidos o lo haremos los ciudadanos en las urnas.