El Supremo obliga a los gasolineros a denunciar a quien se fugue sin pagar

Ana Balseiro
ana balseiro MADRID / LA VOZ

ECONOMÍA

Pilar Canicoba

Los sindicatos de Repsol pedían que lo hiciera la empresa y no el encargado

08 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

Los encargados de las gasolineras tienen la obligación de denunciar a los clientes que se «fuguen» sin pagar el repostaje, lo que se conoce como «estafas de gasolinera» y que con la entrada en vigor de la última reforma del Código Penal pasa de ser falta a delito leve, siempre que la cantidad no exceda los 400 euros. Así lo ha confirmado una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que desestima un recurso presentado por los sindicatos de trabajadores de Repsol en contra de una resolución previa de la Audiencia Nacional en idéntico sentido.

Los sindicatos de Repsol y Campsa consideraban que no debía ser el encargado de la estación de servicio, sino un representante legal de la compañía, quien acuda mensualmente a la comisaría a denunciar las fugas de los clientes. Argumentaban que tal extremo contravenía los acuerdos del convenio colectivo de noviembre del 2008.

Pero el Supremo no lo comparte y, por contra, en su sentencia subraya que ese «deber de denunciar existe en todo caso», sin perjuicio de que la empresa o su representante legal sean quienes decidan hacerlo. Añade, además, que si la compañía quiere denunciar los robos o fugas que se produzcan en la gasolinera, el empleado «está obligado a colaborar».

La comisión mixta del convenio de estaciones de servicio recoge que cuando el empresario decide denunciar, el propio encargado tiene la obligación de acompañarle en la presentación de la misma. El tiempo que invierta en el trámite se considerará como de trabajo y así será retribuido. Además de proteger sus datos personales (solo figurará como domicilio el de la empresa), no se podrá responsabilizar al empleado de las faltas que sean consecuencia de robos, pero sí está obligado a denunciarlos.

La patronal del sector estima que pierden al año cinco millones de euros por las fugas sin pagar el repostaje.