La Audiencia Nacional ve indicios de delito en los pactos de las petroleras
ECONOMÍA
Las petroleras han entrado en un peligroso vericueto con su aparente política de no agresión en algunas cuestiones y zonas
24 sep 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Las petroleras han entrado en un peligroso vericueto con su aparente política de no agresión en algunas cuestiones y zonas, ya sancionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). A los 70 millones de euros que acumulan en multas administrativas por no respetar las normas del libre mercado se pueden unir ahora incluso penas de prisión.
Y es que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, el mismo instructor del caso Bankia, ha abierto diligencias penales para determinar si los acuerdos irregulares sobre precios por los que fueron multadas en febrero con 32,4 millones de euros pueden constituir también un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, castigado con hasta dos años de cárcel.
Según la OCU y la asociación Manos Limpias, que presentaron sendas querellas admitidas ayer previo informe favorable de la Fiscalía, de lo actuado por la CNMC se derivan «indicios suficientes» de que sí existiría una responsabilidad penal que, al menos en primera instancia, podría recaer en los máximos responsables de las petroleras investigadas. Por eso una de sus primeras diligencias, aún sin fecha concreta, será citarlos en calidad de querellados.
Se trata del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz; el presidente de Cepsa, Khadem Al Qubaisi; el consejero delegado de Disa, Raimundo Baroja; y el presidente ejecutivo de Meroil, José Luis Porte. Entre las cuatro compañías controlan la mayoría del mercado. En concreto, el 68 % de las estaciones de servicio y el 72 % de las ventas en la distribución mayorista frente hasta el 75 % del ámbito minorista.
Falta muy grave
La CNMC determinó tras incoarles sendos expedientes que las cuatro habían incurrido en una falta muy grave al establecer un «acuerdo colusorio» de «no agresión en precios» entre algunas de sus gasolineras. Y cita al respecto las provincias de Barcelona y Zaragoza, así como Ceuta. Las alteraciones se cometieron, según el organismo, entre el 2011 y el 2013 hasta que a finales de ese año abrió una investigación formal sobre el asunto.