Los dos mayores sindicatos agrarios no firman hoy el pacto, pero sí industria, distribución, cooperativas y Asaja
23 sep 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Dos semanas de intensas movilizaciones, que incluso paralizaron la cadena de valor de la leche durante cinco días en Galicia, no han servido a una gran del parte sector productor para introducir modificaciones sustanciales en la propuesta para sellar un acuerdo lácteo, elaborada por el Gobierno, respaldada por la industria y la distribución (a quienes se les ponen los principales deberes), y cuya firma está convocada para esta misma mañana en la sede del Ministerio de Agricultura en Madrid.
He aquí las principales cuestiones alrededor de ese pacto:
¿Qué novedad introduce esta propuesta respecto a crisis anteriores?
La principal y más importante es que, por vez primera, se podrá conocer a nivel agregado cuánto paga la distribución a la industria. Es el llamado precio de cesión, tal y como se le conoce el argot sectorial. Hasta ahora, se sabía cómo cobraba la leche un ganadero en origen y el precio abonado por el consumidor en el lineal de venta. La industria gallega envasa marcas blancas de distribuidor, las más baratas, pero se ignora cuánto cobra. Este nuevo dato, determinante, va a permitir conocer cuál es cada uno de los márgenes de cada eslabón de la cadena. Y supone un paso importante dado por la distribución, más allá de los gestos de subir la leche en el lineal, en el supermercado. El acuerdo incluye otras dos novedades relevantes: permitirá identificar el origen de la leche y plantea un único modelo de contrato tipo (entre productores e industrias). El compromiso por escrito de la distribución de no utilizar el brik como reclamo no es un elemento novedoso: ya estaba en otros acuerdos.
¿Hay desconfianza entre los ganaderos gallegos?
A pesar de que Asaja y las cooperativas dan por buena la propuesta, dos organizaciones agrarias, UPA (en Galicia, Unions Agrarias, cercana al PSOE) y COAG (donde está el Sindicato Labrego Galego), que agrupan a la mayor parte de la base ganadera, han anunciado su renuncia a firmar el acuerdo. Básicamente, por dos motivos: no se incluyen referencias objetivas que permitan acotar qué es un precio sostenible (y de esta forma reducir la discrecionalidad de la industria y la distribución a la hora de establecer cómo paga a su proveedor) y no existen garantías jurídicas de que el pacto se vaya a cumplir por parte de industria y distribución. A su juicio, el texto presentado es una mera declaración de intenciones. Y sin sanciones a quien incumpla, queda al albur de la buena fe de las partes. Hay también cooperativas gallegas que discrepan de la postura de su organización estatal de avalar el pacto, tal y como está redactado.
¿Qué argumenta el Gobierno central?
Agricultura defiende, igual que la distribución y las industrias, que el texto del acuerdo no puede hacer referencias que induzcan a fijar precios mínimos, porque lo prohíbe la normativa de Competencia tanto a nivel estatal como comunitario. Y por ello llama a desarrollar el acuerdo con posterioridad en el seno de la Interprofesional Láctea (Inlac), la mesa que reúne a todos los eslabones.
¿Qué ocurrirá tras la firma del pacto?
El acuerdo entrará en vigor a los diez días de su firma (entre el 4 y el 5 de octubre), siendo, por tanto, exigible desde ese momento a las partes el cumplimiento de los compromisos asumidos. Pero sus implicaciones reales dependerán mucho de lo que se incluya en el decreto que lo desarrollará. Una norma que se desconoce y cuyo contenido depende ahora de la voluntad de las partes. Los ganaderos entienden que no se trata de fijar precios mínimos, sino de usar los propios estudios oficiales que el Gobierno central ha hecho sobre la cadena de valor. Y en los que se refleja, por ejemplo, que los costes de producir leche están entre 0,32 y 0,34 euros. Tener una referencia, a su entender, no significa establecer o predeterminar precios.
¿Qué incógnitas están por despejar?
En Galicia, primera comunidad productora de leche, será bueno saber si, tras la firma del acuerdo, se echarán abajo los llamados contratos basura, gracias a los cuales, por ejemplo, un tercio de los productores de leche están cobrando el litro por debajo de los 0,25 euros. A esto se suma que en la comunidad gallega tienen un papel determinante los llamados primeros compradores (intermediarios entre la granja y la industria), que no forman parte de la mesa profesional (Inlac) ni van a firmar hoy, y en cambio recogen casi un tercio de la leche que se produce en Galicia.
Dia comienza a denunciar a tractoristas
La empresa de distribución Dia ha comenzado a denunciar a ganaderos gallegos que a inicios de mes se apostaron con sus tractores ante Mercagalicia, en Santiago (en la imagen), desde donde distribuye la empresa, denunciando los bajos precios de la leche. Esto provocó que la firma no pudiera sacar productos durante varios días, con el consiguiente el desabastecimiento de varios súper. Las cartas de denuncia están llegando ya estos días a los afectados, con el número de matrícula de sus tractores. foto s. alonso