La bajada del 2,2 % anunciada por el Gobierno de agosto a diciembre seguirá en enero, pero quedará reducida a menos de la mitad, al 0,9 %
20 jul 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El Consejo de Ministros aprobó hace una semana una rebaja en el recibo de la luz para los consumidores domésticos gracias a que el sistema eléctrico, por primera vez en 14 años, según el ministro José Manuel Soria, cerraría el ejercicio con superávit. El Ministerio de Industria anunció que el recorte sería del 2,2 % en la factura eléctrica, pero solo entre agosto y diciembre. Las malas lenguas -hay muchas cuando se trata de las decisiones de Soria- aseguran que la rebaja acabará con el año y que se trató de una decisión puramente electoralista. Para adoptarla, el Gobierno ha tenido que modificar la ley para que el excedente del sistema eléctrico se pueda dedicar a reducir el recibo a los consumidores y no a amortizar deuda, como estaba estipulado. Aunque este 2015 se cerrará con superávit, el déficit acumulado roza los 30.000 millones.
¿La rebaja se aplicará también el año que viene?
El ministro Soria asegura que sí, pero ya no será del 2,2 % (en torno a 1,5 euros al mes), sino que se quedará en algo menos de la mitad, en el 0,9 % (unos 8 euros al año menos).
¿Por qué menos de la mitad?
Muy sencillo. El titular de Industria explicó que el superávit del sistema eléctrico que se dedicará a reducir la rebaja de la tarifa para los consumidores domésticos serán 250 millones al año. En este 2015, ese recorte se concentrará en cinco meses (de agosto a diciembre). En cambio, en el 2016 se repartirá en doce mensualidades. Por eso, añadió, el impacto de la rebaja a partir de enero será más pequeño. En una entrevista en televisión, Soria quiso despejar dudas sobre si la reducción continuará más allá de diciembre y manifestó: «Le puedo garantizar que el 1 de enero del 2016 los consumidores pagarán un 0,9 % menos que en enero del 2015».
¿A quién beneficiará la rebaja de la tarifa eléctrica?
A los clientes abonados al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC). En esta rimbombante definición (antes conocida como tarifa de último recurso) se incluyen los usuarios con potencia contratada inferior a diez kilovatios y tengan contrato con alguna de las seis comercializadoras de referencia autorizadas por el Ministerio de Industria para suministrar la tarifa eléctrica regulada. En esta última hay 13,5 millones de clientes, mientras que en el mercado libre, 12 millones.
¿Qué diferencia hay entre estar en el mercado regulado y el libre?
En el regulado, la referencia para fijar el precio del kilovatio hora consumido es el mercado mayorista de electricidad. Es una decisión adoptada hace un año y medio por el Gobierno tras anular las subastas trimestrales que determinaban esa parte del recibo. En ese mercado, el precio varía cada hora. De momento se aplica una media del período de facturación (habitualmente, dos meses) en función del perfil de consumo del cliente, pero a partir de octubre se pagará el kilovatio hora al coste de mercado. Para esto resultará imprescindible disponer de un contador digital conectado a un sistema de telegestión. Estar en el mercado regulado no implica pagar un precio decretado por el Gobierno, pero sí garantiza cierta protección al cliente, que está a salvo de contratar servicios adicionales (como seguros). Además, el mercado de electricidad está coordinado por Red Eléctrica de España (REE) y bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que actúa si detecta anomalías. En el regulado, en teoría al menos, el margen de maniobra de la compañía eléctrica es cero, es decir, no puede ofrecer promociones, ni descuentos, ni otras fórmulas para variar el contrato. En el mercado libre, sí. El contrato se firma entre la empresa y el cliente y el precio del kilovatio hora se pacta entre ambos. Los expertos coinciden en que aquí no se paga menos que en el regulado, aunque sí hay margen para comparar ofertas diferentes y decidir. Una ventaja del libre es que se paga una cantidad mensual fija, aunque en el regulado también existe esta posibilidad desde hace un año por orden del Ministerio de Industria. Las comercializadoras de mercado libre son algo más de un centenar de compañías.
¿La rebaja afectará a todo el recibo de la luz?
No, solo a los peajes de acceso, que representan en torno a un 40 % de la factura. Esa parte es la única que directamente depende de lo que decida el ministerio y que ahora ha decidido rebajar un 4,5 %. El impacto sobre el recibo medio se estima en un 2,2 %. Los peajes son los costes de acceso al suministro eléctrico, más o menos, y con ellos se pagan las primas a las energías renovables, los sistemas extrapeninsulares o la moratoria nuclear.
Pero entonces, ¿puede subir el recibo de la luz por la parte de la energía?
Puede. Algo más de un tercio de la factura eléctrica está determinado por lo que ocurra en el mercado de electricidad. Por ese lado, el recibo subió un 3 % en enero, un 0,5 % en marzo, un 1,8 % en abril y un 5 % en junio, pero bajó un 5,4 % en febrero y un 1,5 % en mayo. En verano, el mercado mayorista suele encarecerse por la ausencia de energías renovables (no llueve y apenas sopla el viento). José Manuel Soria no ha tenido más remedio que admitir que la rebaja final va a depender del coste de la energía.
De los pagos al carbón nacional
Es la primera vez que este Gobierno decide recortar los peajes de acceso. Hasta ahora, o los ha subido, como en agosto del 2013 y febrero del 2014, o los ha congelado, como hizo en enero pasado. Lo ha hecho a la vista de que el sistema eléctrico por primera vez en 14 años arrojará superávit. Esto será posible por la reforma eléctrica para subir ingresos (a los consumidores incrementando los peajes hace dos años y a las empresas vía impuestos nuevos) y reducir costes (con recortes a las primas a renovables fundamentalmente). También ha influido en el saneamiento de las cuentas eléctricas el aumento de la demanda. La partida de los peajes que concretamente ha hecho posible este superávit y, por tanto, la bajada del recibo es la de pagos por capacidad, unas retribuciones que han dejado de percibir las térmicas de carbón nacional.