Además, en el 2016 les devolverá los moscosos y toda la extra del 2012
17 jul 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La economía vuelve a crecer. «Es el momento de devolver los esfuerzos realizados». Es el argumento que, al igual que hizo con el adelanto de la rebaja fiscal a julio, empleó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para explicar el arranque de las negociaciones con los sindicatos para subirles el sueldo a los funcionarios y devolverles los moscosos suprimidos, así como otros derechos perdidos durante la crisis, como el 75 % de la paga extra eliminada en el 2012 y aún pendiente de recuperar.
En su comparecencia en el Senado para defender la aprobación del techo de gasto, aseguró que el Ejecutivo estudia «escenarios de creciente retribución para los funcionarios», es decir, una subida salarial -que será la primera en un lustro y que aún no está cuantificada- que se incluirá en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), que el Ejecutivo llevará al Consejo de Ministros en 15 días, el 31 de julio.
De hecho, mientras que Montoro lo exponía en la Cámara alta, su secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se reunía en el ministerio con las organizaciones sindicales para plantearles las mejoras previstas para la función pública.
Aunque el argumento oficial y recurrente es la recuperación económica y que revertir los recortes aplicados a los funcionarios no pondrá en peligro los objetivos de déficit impuestos por Bruselas, la proximidad de las elecciones se trasluce con nitidez en este intento del Gobierno de congraciarse con un colectivo que fue el primer afectado por los recortes directos para contener el gasto público en el peor momento de la crisis.
De hecho, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ahondó ayer en el mensaje que dosifican desde hace tres semanas, y en la rueda de prensa posterior a la reunión que mantuvo con su homóloga polaca, manifestó que en la medida en que la recaudación mejore y los Presupuestos lo permitan, se restituirá a los empleados públicos la paga extra suprimida en el 2012. De la misma ya se les reintegró un 25 % en enero, pero resta otro 75 %. Rajoy aseguró que eliminar esa extra había sido una de las decisiones «difíciles» que tuvo que tomar cuando asumió el Gobierno para evitar la quiebra del país y la necesidad de pedir un rescate.
El presidente se mostró confiado en que se alcance un acuerdo con los sindicatos, que pasa por establecer un calendario para implementar la mejora retributiva para el próximo año como la restitución de la extra de Navidad y los días de libre disposición eliminados.
Al encuentro de ayer de la Mesa de la Función Pública, presidida por Beteta, le sigue hoy el arranque oficial de las negociaciones. El calendario juega en contra por lo ajustado del plazo para llegar a un acuerdo. Además, más allá del anuncio de que se le pondrá fin a cinco años de congelación salarial, no hay ninguna cifra sobre la mesa, algo que el secretario de Estado minimizó asegurando que «eso sería el fin de la mesa de negociación» Los sindicatos defienden una subida del 1 %, similar a la recogida en el acuerdo de negociación colectiva recién firmado.
Los sindicatos dicen que no bastarán «migajas»
«Aquí no morimos por una décima», aseguró Antonio Beteta tras la reunión, para subrayar la buena disposición del Gobierno a alcanzar un acuerdo retributivo para los empleados públicos, pero no cuantificó de cuánto podría ser. Y precisamente de falta de concreción se quejaron los sindicatos, que aseguraron que desde Hacienda no se les había aclarado nada: ni la futura subida del sueldo, ni tampoco cómo se les devolverán a los funcionarios los derechos perdidos (el 75 % de la extra de Navidad del 2012 y los moscosos).
Beteta, como su jefe directo, el ministro Montoro, y el presidente del Gobierno, se limitó a asegurar que la recuperación económica del país es lo que hace posible la adopción de estas medidas ahora, ya que el Ejecutivo «siempre» consideró «coyunturales y nunca estructurales» los recortes.
«Banderazo electoral»
Los representantes sindicales no ocultaron su decepción por la falta de «medidas concretas» en una reunión a la que acudían con más expectativas después de los reiterados anuncios del Ejecutivo al respecto. Por ello, el secretario general de la Administración General del Estado (AGE) de CC.OO., José Manuel Vera, calificó de «banderazo electoral» el encuentro, en la misma línea que el anuncio de la rebaja del IRPF, indicó.
Vera se quejó de que no se habían abordado «los derechos robados a los empleados públicos» ni otros aspectos, como la oferta de empleo público. Asimismo, señaló que hay asuntos en los que no cabe la negociación, solo la restitución de los derechos perdidos.
Su homólogo de UGT, Carlos Álvarez, coincidió con Vera y advirtió al Ejecutivo que los empleados públicos «no se van a conformar con migajas», por lo que exigió concreción, además de un incremento del empleo público como condición para mantener unos servicios públicos de calidad. Por ello, el acuerdo que plantea UGT se centra en «la recuperación de derechos pero también del empleo».
El presidente del CSIF, Miguel Borra, fue más allá en su advertencia al Ejecutivo, al asegurar que 2,5 millones de empleados públicos «están cabreados», y si el Gobierno los decepciona con sus propuestas «tomarán nota» ante la próxima cita con las urnas. Borra considera que el país «puede asumir el gasto» de reponer a los funcionarios el 75 % de la extra del 2012 o elevar la tasa de reposición de los servicios esenciales, que actualmente está en el 50 %.