El Real Decreto Ley 10/2008, desconocido para la mayoría de los ciudadanos, fue la verdadera tabla de salvación para gran parte de las empresas que viven del ladrillo en España
23 jun 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Se avecina una caída a plomo de parte de las inmobiliarias que a duras penas han resistido, primero, la crisis económico-financiera y, luego, la propia del sector. El Gobierno las ha dejado sin el paracaídas contable que ha venido prorrogando durante los últimos seis años para facilitar la digestión pesada de todo el patrimonio que tuvieron que comerse por falta de demanda.
Hablamos del Real Decreto Ley 10/2008, desconocido para la mayoría de los ciudadanos aunque erigido en verdadera tabla de salvación para gran parte de las empresas que viven del ladrillo en España. Aprobado por el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero cuando se empezaban a ver las orejas al lobo de la crisis, dicha norma alivia sobremanera su balance anual al permitirles que no se tengan en cuenta las pérdidas derivadas del empeoramiento de sus inversiones inmobiliarias.
En concreto, su disposición adicional única establecía que «a los solos efectos de determinación de las pérdidas para la reducción obligatoria de capital regulada [?] no se computarán las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales». Y puntualizaba tres supuestos que quedarían fuera de la actualización forzosa de su valor: el inmovilizado material, las referidas inversiones inmobiliarias y las existencias.
Nuevos escenarios
El año pasado añadió dos nuevos escenarios a la lista de deterioros excluidos temporalmente de las cuentas anuales: los préstamos y las partidas a cobrar. La tesis del Gobierno, que al final ha dejado morir el decreto -la última prórroga expiraba en marzo y simplemente se ha limitado a no renovarlo otro ejercicio, sin hacer comentario alguno al sector-, es que los últimos cambios introducidos en la normativa concursal incluyen más opciones para evitar la desaparición de empresas. El problema es que están más bien relacionadas con el presupuesto de insolvencia, es decir, la situación de un deudor que no puede cumplir regularmente con sus obligaciones en vez de con el deterioro del valor de sus activos.
Por eso, en el negocio inmobiliario mantienen una «razonable preocupación» porque el sector «no está todavía suficiente capitalizado».