La banca acreedora cierra el paso a los mayoritarios apelando al mandato judicial
20 jun 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Los bancos acreedores que antes del 30 de noviembre se harán con el 80 % de que entonces se dará en llamar Nueva Pescanova, están dispuestos a escuchar la petición de los accionistas mayoritarios de hacerse con el 20 % restante de la compañía, en lugar del 5 % que les corresponde por el convenio de acreedores aprobado en mayo del 2014. Valorarán la propuesta, sí, pero solo por pura cortesía, porque la hoja de ruta está pautada y debe cumplirse por mandato judicial. En resumen, no hay lugar para la propuesta de los mayoritarios, y se mantiene la tensión entre consejo y acreedores.
Ese no es respuesta que ayer mandó el futuro presidente de Nueva Pescanova, Jacobo González Robatto, al accionariado de la compañía después de escenificar mediante un escrito a la CNMV su rebelión contra la pérdida del 98 % de su inversión en la operación acordeón que diluirá a la actual Pescanova en Nueva Pescanova, la sociedad ya saneada y controlada por los bancos.
El consejo de administración, que encabeza este motín, se niega a inyectar 7,3 millones de euros en la nueva sociedad para conseguir la cuota de poder que reclaman. Consideran que esa suma deben de aportarla las entidades financieras.
Pero la banca se muestra inamovible. «Estamos en un proceso concursal en el que hay decisiones judiciales dictadas por un juez que hay que cumplir. Conviene recordar que la propia ley impide que los convenios se modifiquen», afirmó ayer Robatto.
El futuro presidente de la nueva compañía considera que la banca acreedora ha cumplido su parte aprobando la salvación del grupo Pescanova (en referencia al convenio de acreedores). Su plan, partir del 30 de noviembre pasa por dotar a la empresa de un accionariado estable y una gobernanza profesional que asegure el futuro de la compañía, las inversiones y el empleo. «Estoy convencido de que ello se logrará si se sigue rigurosamente los establecido en la ley y en la hoja de ruta establecida en los convenios, que no es nueva y responde a la estructura diseñada por el propio consejo», aclaró Robatto.
Los bancos no quieren ni oír hablar de que los accionistas de referencia -el grupo Damm o el propio Manuel Fernández de Sousa, imputado en la Audiencia Nacional por delitos como el presunto falseamiento de las cuentas de la empresa- puedan volver a hacerse con las riendas de la compañía. «No es una cuestión de dinero, los bancos ya han perdido 2.000 millones en quitas. Pero nunca van a permitir que los que llevaron a Pescanova a la quiebra vuelvan a enriquecerse», aseguran fuentes próximas a las entidades del denominado G7.
Los minoritarios, también
La banca tampoco ve con buenos ojos las operaciones especulativas de compra de acciones devaluadas de Pescanova en el mercado gris que han llevado a Carolina Masaveu a hacerse con un puesto en el consejo o al fondo Broadbill Investment Partners a situarse entre los accionistas más significativos de la empresa.
A la rebelión del consejo se sumaron ayer los accionistas minoritarios de Pescanova, representados por AMAP, con su rechazo a la dilución de sus acciones. En un comunicado, reclamaron mantener el mismo peso accionarial que tienen en la compañía o recuperar el 100 % de su inversión (mediante una oferta de exclusión). «Queremos cero dilución y no estamos de acuerdo ni con el 5 %, ni con el 20 % como pide el consejo», manifestaron.