El ERE de Coca-Cola volverá a los juzgados para blindar las bajas voluntarias
ECONOMÍA
Los extrabajadores que no deseen reincorporarse deben pactar con la empresa para evitar problemas con el fisco
09 jun 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El ERE de Coca-Cola Iberian Partners llegará de nuevo a los juzgados. No para dilucidar si el despido colectivo se ajustó o no a la ley, aspecto sobre la que ya hay sentencia firme del Tribunal Supremo, que tumbó la regulación de empleo por entender que la empresa vulneró el derecho a huelga de los trabajadores durante la negociación del expediente. Toca ahora ejecutar ese fallo y es ahí donde los sindicatos y los bufetes de abogados a los que han acudido los extrabajadores están afinando la estrategia legal para no dejar ningún cabo suelto que pueda conllevar algún susto inesperado, especialmente a la hora de ajustar cuentas con Hacienda en la declaración del próximo año.
Y es que, tras la anulación del ERE, que implica la obligación por parte de la empresa de readmitir a todos los afectados y abonarles los salarios de tramitación, se abre un escenario complejo. Especialmente para aquellos que en su día firmaron una baja incentivada -el grado de voluntariedad depende de cada caso particular- y que ahora, pese a la oportunidad que les brinda el alto tribunal, no desean reincorporarse a la plantilla de su antigua empresa. Catarina Capeáns, abogada especialista en Derecho Laboral del despacho Iglesias Abogados, que representa a varios afectados, explica que si dejan pasar el plazo que da la sentencia sin ejercitar su derecho a pedir el reintegro, tanto Hacienda como el Servicio Público de Empleo (SEPE) podrán considerar su baja como voluntaria, con lo que perderían el derecho a la prestación por desempleo de la que han venido disfrutando y cambiaría el trato fiscal de la indemnización que recibieron al extinguir sus contratos -superior a la máxima fijada por ley, ya que a los 45 días por año trabajado se sumaron otras cantidades-.
Factura fiscal
No es una cuestión menor, porque los cálculos preliminares realizados por los gabinetes de los sindicatos sobre algún caso real apuntan a que la factura fiscal por dejar vencer el plazo podría superar, con creces, los 30.000 euros en la declaración del 2015, que se presentará dentro de un año.
Para evitar estos problemas, los extrabajadores deberán abrir un nuevo procedimiento judicial para, en esa instancia, llegar a un acuerdo con la empresa en el que se declare la improcedencia del despido o bien se acuerde la readmisión. Aunque los bufetes consultados entienden que habría la opción de hacerlo a través del servicio de mediación, desde la empresa ya les ha trasladado que no llegarán a un acuerdo fuera de los tribunales -la única vía, defienden, para un incidente de ejecución-, aunque sí les han trasladado su predisposición a cerrar pactos para no tener que reincorporar a más trabajadores que aquellos que soliciten motu proprio la readmisión.
Además del plus de seguridad jurídica que introduce, los sindicatos ven lógica la negativa a utilizar la vía del SMAC, al entender que un acuerdo cerrado en esa instancia podría ser recurrido más fácilmente por la Agencia Tributaria o el SEPE.
En cualquier caso, el plazo apremia, ya que esta misma semana vence el plazo para que todos los afectados comuniquen su decisión e inicien las correspondientes acciones legales para ejecutarla, que pueden ser colectivas -ante la Audiencia Nacional- o individuales -ante un juzgado de lo social-.
Prejubilaciones y traslados
Además de los 262 trabajadores que en su día firmaron la baja incentivada y a los 236 despedidos en la planta de Fuenlabrada, la sentencia afecta también a los 323 que se acogieron al ERE para salir de la empresa mediante una prejubilación y a los 327 que fueron recolocados en otras fábricas, aunque en el caso de los trasladados hay muchas dudas de cómo se podría deshacer el proceso tras la centralización de los servicios administrativos en Madrid y Barcelona. La casuística es tan compleja que hay, incluso, afectados por el ERE que ya se han jubilado o que incluso han fallecido. De momento, la empresa ha comunicado por carta a los afectados su derecho a solicitar la reincorporación -recordándoles que tienen que devolver la indemnización abonada- y, en el caso de Begano, los responsables de recursos humanos han mantenido reuniones personales para pulsar la voluntad de cada afectado, aunque de momento no se han concretado los puestos concretos en los que se producirían las incorporaciones.