Las comunidades deberán ajustarse este año en otros 10.000 millones para cumplir con los objetivos de déficit
31 may 2015 . Actualizado a las 19:01 h.El club es el club. Con sus socios, sus reglas, sus derechos y, sobre todo, sus obligaciones. Y España forma parte de esa familia, como gusta decir ahora en Bruselas, en pleno fragor de las durísimas negociaciones con el nuevo Gobierno griego, obcecado en evitar lo inevitable en materia económica. Ganará Bruselas, siempre lo hace. Y esta máxima, gobierne quien gobierne, conviene tenerla muy en cuenta. Ya sea en Grecia o en la propia España, incipiente foco de preocupación política de la Unión Europea tras el 24M, que ha confirmado los peores temores de la capital comunitaria. La incertidumbre se ha apoderado de la cuarta potencia del euro, del «alumno ejemplar» en materia de reformas, de la nueva locomotora... De esa España que tanto gusta en Alemania pero que no parece gustar tanto a los españoles.
«La mejora es notable, pero es que todavía queda muchísimo por hacer. Por ejemplo, mirar las cifras de paro, de déficit, de deuda...», advierten fuentes comunitarias conocedoras de primera mano del estrecho seguimiento que Bruselas hace de la economía española. «No se nos escapa la situación política, pero los años electorales no deben impedir actuar en materia reformista», recalcó hace un mes el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. Después del 24-M, del elevado coste político pagado por el PP, quizá Mariano Rajoy no lo tenga tan claro. Cuando los burócratas comunitarios se refieren a las elecciones españolas, las asocian con la palabra «riesgo». No es una sensación, está por escrito.
Riesgo de que la política cortoplacista impere, riesgo de abandonar la senda reformista y la consolidación fiscal exigida por Bruselas. «Nosotros no tenemos preferencias, no decimos quién debe gobernar o qué tipo de decisiones tienen que adoptar los Gobierno nacionales, sólo decimos que hay unos objetivos comunes que deben ser cumplidos», recalcan estas mismas fuentes. La biblia comunitaria se llama Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que cifra los límites del déficit y de la deuda pública en el 3 % y el 60 % del PIB, respectivamente. El club y sus reglas, ya se sabe. Con el endeudamiento apartado a un segundo plano para evitar el colapso de la UE en los duros años de la crisis, los hombres de negro de Bruselas han centrado todos sus esfuerzos en la consolidación fiscal de los presupuestos nacionales.
España, tras recibir tres ampliaciones de plazo en los últimos años, está cumpliendo con lo pactado. Con más o menos dificultades, aunque lo hace. Aun así, cerró el 2014 con el 5,7 % de déficit, el peor guarismo de la Eurozona sólo por detrás de Chipre. Dicho de otro modo, Hacienda gastó 60.000 millones más de lo que fue capaz de ingresar. Y mientras tanto, Alemania, por ejemplo, ya gasta lo que ingresa.
«Deterioro» de las regiones
Pero es que este año hay que cerrar al 4,2 % -lo que implica ajustar otros 15.000 millones- y en el 2016 en el 2,8 % -es decir, sumar otros 14.000 al esfuerzo que se realice este año-. Bruselas, sin embargo, estima que se incumplirá la meta fijada y se quedarán los porcentajes en el 4,5 % y el 3,5 %. El único consuelo es que Francia se convertirá este año y el que viene en el peor alumno de la clase junto a España. Pese a las proclamas que anuncian la recuperación y nuevos tiempos de vino y rosas, el esfuerzo fiscal que todavía queda por delante es ingente. De España como país, pero sobre todo como Administración de administraciones. Porque si algo preocupa en Bruselas son las comunidades autónomas, como advierten todos los informes técnicos elaborados desde ya mucho tiempo. Y si el Gobierno de la mayoría absoluta del PP no logró meter en cintura a un país teñido de azul.
El balance del 2014 es demoledor. El desfase se cifró en torno a 7.000 millones, pues deberían haber cerrado en el 1% del PIB pero el déficit se disparó hasta el 1,66%. Sólo cumplieron tres (País Vasco, Navarra y Canarias). Otras 14, no. Y algunas, con notables suspensos como los registrados por Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha, Baleares o Extremadura. Sí, todas gobernadas por el PP en la pasada legislatura. ¿Y ahora, qué? Llegan aires de cambio, nuevos bríos políticos impulsados desde la izquierda. Nuevas proclamas de que la era de los ajustes ha terminado. Ahora bien, o el Ministerio de Hacienda cambia su programa macroeconómico enviado a Bruselas, o las autonomías -sea cual sea el signo político de sus gobiernos- deberán cumplir un déficit del 0,7 % este año, del 0,3 % el que viene, del 0,1 % en el 2017 y del 0 % en el 2018.
En conjunto, y tomando como referencia el cierre dle 2014, el ajuste se cifra en 17.000 millones. De modo que se contiene el gasto o se suben impuestos: puras matemáticas. Sólo este año, de cambio para muchas autonomías, la consolidación será de 10.000 millones. Son cifras, las reglas de un club que no entiende de colores políticos y que en su último informe sobre desequilibrios económicos en España publicado a final de febrero, censuró que «a pesar del visible deterioro de las finanzas públicas regionales a lo largo del 2014, ninguna de las medidas preventivas establecidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria de España fueron empleadas en regiones en riesgo de incumplimiento». Unas advertencias también lanzadas por la Autoridad Fiscal Independiente española, que incluso antes de las elecciones dijo que el objetivo de déficit para el 2015 no se cumplirá.