El aumento de la desigualdad en los ingresos de los hogares por la crisis eleva a casi dos millones las familias que no pueden pagar la energía
29 may 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La desigualdad en los ingresos de los hogares durante la crisis, con una brecha creciente entre los que más tienen y los que menos, ha triplicado la pobreza energética en España, que afecta a una de cada diez familias, lo que en cifras absolutas se traduce en casi dos millones de hogares. Esta es la principal conclusión del informe Pobreza energética en España. Análisis económico y propuestas de actuación presentado ayer por el centro de investigación Economics for Energy, que dirigen el catedrático de Economía de la Universidad de Vigo, Xavier Labandeira, y Pedro Linares, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Pontifica de Comillas ICAI-ICADE.
El documento -quinto informe anual que realiza el centro de investigación, creado en el 2010- hace una radiografía de la pobreza energética en España, que pasó de un índice del 3,6 % en el arranque de la crisis, en el 2007, a frisar el 10 % en el 2013, es decir, tres veces más. Incluye también la situación específica de las comunidades autónomas -Galicia está entre las menos vulnerables en este ámbito-, además de proponer medidas con las que paliar el problema, como modificar el actual bono social.
Una de las novedades del estudio es que los autores emplean un índice diferente para medir la pobreza energética diferente al más extendido del umbral del 10 %, que considera como hogares en situación de pobreza aquellos cuyos gastos en energía son superiores al 10 % de su renta. Por contra, emplean el indicador estándar mínimo de ingresos (MIS, por sus siglas en inglés), que relaciona el nivel de renta y el de gasto por consumo de energía. Así, tiene en cuenta la renta mínima disponible del hogar para vivir después de descontar los gastos básicos en energía y vivienda.
A los menores ingresos por la crisis se suma, como factor multiplicador del riesgo de sufrir pobreza energética, el brutal incremento de los precios. El informe destaca que entre el 20016 y el 2014 la factura eléctrica de un hogar medio en España subió un 76 % y un 35 % la factura de gas natural.
A la combinación de ambos factores -menor renta disponible y mayores precios- se añade un tercer factor que determina el perfil del pobre energético y que es «la configuración del hogar». Así, según explicó Linares, el perfil resultante de la investigación sitúa como en especial riesgo de vulnerabilidad a las familias con hijos -sobre todo numerosas-, con bajos ingresos, viviendo de alquiler y con inestabilidad laboral o en paro. Curiosamente, no se han detectado diferencias significativas entre los hogares situados en zonas urbanas en relación a los de áreas rurales.
Alternativas al bono social
Entre las alternativas que Linares y Labandeira proponen para paliar la pobreza energética está sustituir el actual bono social por una «transferencia monetaria a tanto alzando [de cuantía fija] financiada con cargo al presupuesto público».
Sostienen que esta fórmula sería más eficaz que la actual, instaurada en el 2009, que supone un descuento del 25 % en la factura de la electricidad, porque no incentiva el aumento del consumo, además de ser un cheque destinado a pagar no solo la luz (que representa el 60 % del consumo energético) sino cualquier gasto en energía ahora excluido. También proponen fomentar la eficiencia energética.
Galicia, entre las menos vulnerables
El informe, según el indicador basado en el estándar mínimo de ingresos, muestra notables diferencias entre comunidades. Galicia es, con el 6,22 %, la cuarta autonomía con menor nivel de pobreza energética, por detrás del País Vasco (4,93 %), Castilla y León (5,77) y La Rioja (6,18 %), a distancia de la media nacional, que araña el 10 %. En el extremo contrario están Melilla (23,4 %), Ceuta, Canarias y Andalucía, por encima del 15 %. Respecto a Galicia, Labandeira apuntó que su menor vulnerabilidad obedece a varios factores, como una mejor situación de rentas (incluyendo ayudas y transferencias públicas) y un menor consumo, ya sea por mayor eficiencia o por hogares menos calefactados.