Traballo intensifica el control sobre los falsos contratos a tiempo parcial

Mario Beramendi Álvarez
mario beramendi SANTIAGO / LA VOZ

ECONOMÍA

PABLO ARAUJO

Este año llevará a cabo 13.000 inspecciones contra la economía sumergida

23 may 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

El plan de lucha contra el fraude laboral que desarrollan conjuntamente las Administraciones central y autonómica priorizará este año el combate contra la economía sumergida. Y más concretamente, la figura del falso contrato a tiempo parcial, es decir, aquellos que encubren en realidad jornadas completas. El auge de este tipo de empleo en la salida de la crisis, cada vez más utilizado por las empresas, y las constantes denuncias sindicales, obligan a poner el foco sobre esta clase de relaciones laborales. De las 37.547 inspecciones que se prevén llevar a cabo en la comunidad este año, 13.000 irán destinadas a combatir el empleo sumergido. Galicia cuenta con un grupo de trabajo específico en este capítulo, fruto de un acuerdo alcanzado por la Xunta y el Gobierno central en la primavera del 2014. A la espera de conocer el último balance de la inspección en la comunidad gallega, los datos del 2013 arrojan 2.795 infracciones en materia de empleo sumergido y 2.640 en ausencia de cotizaciones a la Seguridad Social.

Esta es otra de las patas del programa de lucha contra el fraude laboral en la comunidad gallega este año. Y en el 2015 está previsto llevar a cabo 7.500 controles sobre ausencia injustificada de altas, un 16 % más que el año pasado. En la supervisión del correcto uso de los contratos formativos y prácticas en las empresas habrá unas mil inspecciones, según los datos de Traballo. Y en materia de salud laboral, 4.600, que se llevarán a cabo en los sectores de mayor riesgo, como construcción y pesca.

La responsable de Traballo, Beatriz Mato, abogó ayer en Santiago por reforzar los mecanismos de inspección como garantía para proteger a los ciudadanos que sí cumplen con la legalidad. La conselleira presidió la comisión de seguimiento entre las autoridades laborales de España y Portugal, en funcionamiento desde el 2003, y en virtud de la cual ambos países cooperan y se intercambian información.

La frontera gallega entre ambos países es escenario de un flujo constante de trabajadores que cruzan a diario de un estado a otro, sobre todo del sector de la construcción. España y Portugal han puesto el foco también en materia de salud laboral en relación a las empresas del país vecino que operan en territorio propio y sobre aquellos accidentes de trabajo que afectan a españoles o lusos. Y colaboran también en lo relativo a los permisos laborales de ciudadanos extracomunitarios para solucionar divergencias legales.