Los accionistas de Bankia han visto cómo una nueva decisión judicial frustra las expectativas de que los responsables del fiasco que supuso la salida a bolsa respondan del millonario daño causado. La decisión de la Audiencia Nacional hace resurgir nuevamente una sensación de injusticia y aumenta la frustración de las miles de personas engañadas. De una cuantía que parecía ejemplarizante y simbólica se pasa a otra irrisoria y decepcionante. Irrisoria por el número de personas afectadas (unas 350.000) y por la cuantía de importe que suman los afectados (sobre 3.000 millones). Decepcionante por la oportunidad perdida por la Audiencia Nacional para quitarse el adjetivo de institución «politizada» y por la sensación, una vez más, de que se deja en la estacada a los ciudadanos frente al poder financiero.
Pese a ello, los afectados tienen el consuelo de que sus reclamaciones individuales en vía civil están siendo estimadas con contundencia pese al intento de Bankia de paralizarlas alegando que es necesario esperar al resultado del proceso penal de la Audiencia Nacional para poder resolverlas. Es lo que se conoce como prejudicialidad penal.
La inmensa mayoría de los órganos judiciales, conscientes del grave descrédito que hacia la Justicia podría generar esta masiva paralización de procesos, están señalado que es posible resolver estas reclamaciones con independencia de las responsabilidades penales que puedan dilucidar en la Audiencia Nacional y ordenan que los procesos continúen. Es el caso de las audiencias provinciales de Madrid, Valencia, Cantabria, Burgos y Ávila. Aun así, encontramos algunos juzgados civiles, por ejemplo en La Coruña, que suspenden los procesos y abocan a los afectados a recurrir y esperar una futura resolución de la Audiencia Provincial que rectifique ese criterio y evite el perjuicio de tener esperar al resultado de un proceso penal que tendrá lugar dentro de muchos años.