El bufete que creó Montoro firmó dos contratos con una empresa pública

La Voz

ECONOMÍA

La facturación habría ascendido a los dos millones de euros. El ministro de Hacienda dejó el despacho meses antes de que se firmasen los acuerdos

19 mar 2015 . Actualizado a las 09:45 h.

Continúan las investigaciones por la Fiscalía Anticorrupción en torno a Equipo Económico, el despacho de abogados y asesoría fundado en el 2006 por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Según informa El País, el bufete habría firmado en el 2008 dos contratos de asesoría por valor de dos millones de euros con la empresa pública Madrid Network (que en aquel momento se llamaba Red de Parques y Clusters de la Comunidad de Madrid), una sociedad sostenida, entre otros, por la Comunidad de Madrid y  la Cámara de Comercio, que busca ofrecer nuevas oportunidades empresariales a través de la innovación. Cristóbal Montoro ya no estaba en su exempresa en el momento en que se firmaron ambos contratos. 

Entre los años 2008 y 2011 el presidente de Madrid Network era Antonio Beteta, en aquel momento consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad madrileña y, en la actualidad, secretario de Estado para las Administraciones Públicas.

Investigación sobre un contrato de la Cámara de Comercio

El pasado lunes el mismo medio de comunicación madrileño publicó otra información relativa a Equipo Económico en la que se daba a conocer que la Fiscalía Anticorrupción investigaba un contrato a dedo de la Cámara de Comercio a esta firma por un posible delito de prevaricación. Equipo Económico aseguró entonces al respecto que las condiciones del contrato que firmó con la Cámara de Comercio de España para elaborar un estudio las fijó este organismo, y añadió que, según la Ley de Cámaras, su régimen de contratación corresponde al derecho privado.

Según Equipo Económico, despacho que hoy en día dirige Ricardo Martínez Rico, exsecretario de Estado de Hacienda con Montoro y hermano del actual director de Gabinete del ministro, el objeto del contrato consistió en la elaboración de un estudio sobre la configuración jurídico-económica, estructura y nuevo modelo de negocio del Consejo Superior de Cámaras, tras la indefinición jurídica creada por el Real Decreto Ley 13/2010, que eliminó la obligatoriedad del recurso cameral permanente que pagaban las empresas.