Las Administraciones se juegan 900 millones en la liquidación de Martinsa

Gabriel Lemos REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

VITOR MEJUTO

La firma acumula seis mil acreedores, incluyendo accionistas, proveedores y hasta oenegés

07 mar 2015 . Actualizado a las 11:00 h.

La mayor liquidación de la historia de España se hizo oficial ayer, cuando el titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña, el mismo que supervisó su concurso, abrió el proceso para trocear Martinsa-Fadesa, repartir los despojos entre sus acreedores y luego decretar la defunción de la que en su día fue la gran promotora inmobiliaria en un país que hizo del ladrillo el principal alimento de su economía.

Los repuestos administradores concursales tienen ante sí el reto de depurar en los próximos tres meses el extenso listado de acreedores de la compañía. El último censo disponible, fechado a finales del pasado mes de noviembre, registraba algo más de seis mil reclamaciones contra la compañía -se contabilizan 6.241 acreedores, aunque algunos de ellos figuran ya sin saldo pendiente-. Quien más se juega con la liquidación de la compañía es la Administración pública a la que, bien directamente, bien a través de sociedades participadas, se le ha abierto un roto de más de 900 millones con este proceso. La única duda es saber qué porcentaje de ese dinero perderá por el camino, porque recuperarlo todo es imposible dado el volumen de activos de la compañía.

El mayor agujero lo tiene la Sareb, primer acreedor de Martinsa con una deuda total que supera los 1.283 millones de euros, más de un 22 % del total de los 5.795 millones a los que asciende su pasivo concursal. Teniendo en cuenta que el 45 % del capital del banco malo está en manos del FROB, al Estado le corresponderían casi 580 millones del dinero que se le adeuda.

Y ese es solo una de las fugas que tiene abiertas la Administración en este proceso, en el que también participa a través de Bankia, entidad de la que, pese a las desinversiones ya realizadas, controla aún un 62 % del accionariado. De los 302,7 millones que reclama el banco a la promotora, casi 188 deberían retornar al erario.

A esta cantidad habría que sumar las deudas pendientes de la promotora con la Agencia Tributaria, que ascienden a 85,2 millones, la Seguridad Social (otro millón más) y numerosos ayuntamientos y diputaciones. El más perjudicado será el consistorio de Murcia, con un pasivo pendiente de liquidar que supera los 44,7 millones, aunque más crítica es la situación para el pequeño municipio madrileño de Colmenar de Oreja, con apenas 8.500 habitantes, al que la promotora adeuda 16,1 millones por la compra de unos terrenos, casi cuatro veces su presupuesto anual.

Un millón en Galicia

En el caso de Galicia, el riesgo es menor, apenas llega al millón de euros. Al menos, de forma directa. El Concello de Miño es el más expuesto, con una deuda que supera ligeramente los 600.000 euros, aunque la condena judicial a abonar de forma subsidiaria el justiprecio por las expropiaciones decretadas para la construcción de la macrourbanización Costa Miño -que debería ser abonado por la promotora- le podría suponer un rejonazo adicional de 21 millones más intereses, que pondría en jaque la viabilidad del consistorio. El ayuntamiento coruñés, con 265.000 euros de deuda, y la diputación de la misma provincia, con 97.400, son los otros grandes acreedores públicos de Martinsa en la comunidad.

Entre los privados, descontada la banca (que ostenta casi el 83 % del pasivo total de la compañía), destacan las deudas que la promotora mantiene con su presidente, Fernando Martín, con un saldo pendiente de pago de 27,5 millones de euros en préstamos participativos. No es el único accionista con el que la compañía tiene cuentas pendientes: Martinsa le debe 4,2 millones de euros a Aguieira Inversiones, la sociedad con la que Dolores Ortega y Juan Carlos Rodríguez Cebrián controlan su participación en la inmobiliaria, en cuyo consejo estuvieron representados durante años. Al empresario coruñés la compañía le adeuda otros 1,8 millones a título personal.

La compañía, con un sinfín de deudas a proveedores de todos los tamaños, bufetes de abogados, consultoras e incluso oenegés -el comité español de Unicef le reclama 4.406 euros y otra entidad social sin ánimo de lucro, la Fundación María José Jove, otros 120.600-, tampoco ha saldado todavía todas las cuentas pendientes con el antiguo propietario de Fadesa, Manuel Jove, al que debe -en concreto a su sociedad Espacia Avante- 97,6 millones por la compra de unos terrenos en la ciudad mexicana de Loreto. Incluso el Deportivo, del que Martinsa fue patrocinador, tiene pendientes de cobro casi 54.000 euros de la promotora.