No hay, por ahora, caso CAM. Es lo que viene a decir la Audiencia Nacional en el primer gran asunto judicial que tenía encima esta antigua caja, intervenida y subastada, y que en su día el gobernador del Banco de España Fernández Ordóñez calificó así: «Lo peor de lo peor». No hay caso CAM porque, entienden los tres magistrados que redactan la sentencia (sentencia exprés, apenas dos semanas después de acabadas las vistas), la responsabilidad no estaba en los directivos que se sentaron en el banquillo. Aprobar una subida desaforada de dietas en una entidad en delicado estado de salud, fue una decisión coral, del consejo de administración, con la anuencia del letrado de la caja, y de informes externos.
Es una victoria para estos directivos encausados en la CAM, que temían con la cárcel. Alivio para ellos y esperanza para colegas en otras entidades que este año desfilarán por la Audiencia Nacional. Los siguientes, los seis imputados por las indemnizaciones en Novacaixagalicia. Y hay similitudes entre los casos alicantino y gallego: la acusación con la que se llega a juicio (apropiación indebida), las penas de cárcel solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, las subidas de retribuciones...
La sentencia da munición a las defensas de los directivos gallegos precisamente por esa responsabilidad derivada en el consejo de administración, y no en los imputados. Los contratos de alta dirección de José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada también los validó un consejo, el de Caixanova, y el posterior de Javier García de Paredes, otro, el de Novacaixagalicia. Otra cosa es que apenas se informara a sus miembros. También hubo informes externos, del Banco de España. Otra coincidencia: ninguno de los cuatro tenía voto en esos consejos, como se señala en la sentencia para exculpar al principal señalado en la CAM.
El caso de Julio Fernández Gayoso, presidente en su día en ambas cajas, también podría acogerse a esa doctrina de aprobación coral. El juez instructor le considera el ideólogo de los contratos, junto al abogado Ricardo Pradas, el sexto imputado. Pero esa presunción de que un solo tipo movía a todo un consejo no lo ven posible los jueces de la CAM.
Hay, con todo, elementos diferenciadores. El más claro, que las indemnizaciones se pactaron cuando la caja gallega iba a recibir una inyección de 1.162 millones en ayuda pública, algo que no sucedió en la entidad alicantina cuando se aprobaron las mejoras en las dietas. Otro detalle: lo más probable es que ninguno de los tres magistrados de la CAM juzguen el caso gallego; se espera que recaiga en el magistrado Alfonso Guevara. La vista arrancará la tercera semana de mayo, días antes de las municipales.