Fianza insólita ante la «rotunda» falsedad en las cuentas de Bankia

Rubén Santamarta Vicente
rubén santamarta REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

El juez exige 800 millones de euros al banco, a Rato y otros tres directivos para cubrir el daño a los pequeños accionistas por la tramposa salida a Bolsa

14 feb 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

El juez Fernando Andreu, el instructor de la macrocausa de Bankia (venta de preferentes, tarjetas black, subida de sueldos...) acaba de fijar una fianza insólita en el sector bancario, y una de las más altas exigidas jamás en España: 800 millones de euros por una de las derivadas investigadas, la de la salida a Bolsa. Los tendrán que poner, solidariamente -si es que se puede decir así- entre seis patas responsables de aquella operación. De entrada, el propio banco (hoy controlada por directivos ajenos a los que provocaron el desastre) y la matriz BFA (es decir, el Estado, es decir, todos los españoles). Y a su lado, cuatro ejecutivos: José Luis Olivas (expresidente de Bancaja, una de las cajas que fundaron Bankia), Francisco Verdú (exconsejero delegado de Bankia), José Manuel Fernández Norniella (exvicepresidente) y, claro, Rodrigo Rato. Los dos últimos, por cierto, ya imputados en otra rama del caso, la de las tarjetas black.

A estos cuatro directivos, al banco y a su matriz BFA el juez les da un mes para poder reunir el dinero. Lo previsible es que todos ellos respondan en primer lugar recurriendo las fianzas. Bankia lo anunció ayer mismo, apenas tres horas después de conocerse el auto del juez. Para Rato es la segunda gran fianza que se le impone en toda esta macrocausa: por las tarjetas black tuvo que recurrir al aval de otro banco para poder cubrir los tres millones requeridos por el instructor.

El magistrado justifica tamaña exigencia en la necesidad de cubrirse ante los daños que la salida a Bolsa de Bankia provocó a los pequeños accionistas; estos invirtieron 1.800 millones en aquella operación, y con los 800 millones se cubre más de un tercio. La fianza es, a juicio de Andreu, «proporcionada, adecuada y justificada». Si las seis partes implicadas no logran cubrir esa cantidad, se procederá al embargo de sus bienes.

Lo que desliza

La cifra es muy considerable, pero los argumentos de fondo que utiliza el magistrado son igual de rotundos. El auto basa gran parte de su argumentación en el informe que dos peritos, trabajadores del Banco de España, realizaron para ese juzgado durante meses. Sus conclusiones fueron claras: la entidad salió al mercado engañando a los inversores, con unas cuentas que «no reflejaban la realidad». El juez recoge buena parte de aquellos extensos informes y establece lo mismo: «Se desprende con toda rotundidad que los estados financieros contenidos en el folleto de la OPS de Bankia no expresaban la imagen fiel de la entidad».

Para redondear la argumentación, el juez se acompaña de una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia en la que se da por sentado esa falsedad documental. Fuentes jurídicas conocedoras del caso creen que lo único que hay que dilucidar es si el engaño fue consciente o no. Es posible que en su defensa los imputados se escuden en informes de terceros para eludir la responsabilidad penal. Ahí podría entrar el papel de los auditores y de los reguladores. Las acusaciones han pedido que se impute a la auditora y al socio que avaló las cuentas de Bankia, Francisco Celma, y a los que fueron máximos responsables de CNMV y Banco de España, Julio Segura y Miguel Ángel Fernández Ordóñez. El juez aún no se ha pronunciado sobre esto.

Dos querellas más contra la entidad, decenas de imputados y un macroproceso aún lejos de juicio

La cantidad impuesta por Andreu llegó apenas cuatro días después de que se celebrara la vista que el juez convocó a instancias de varios accionistas afectados, que llegaron a reclamar hasta 4.000 millones de fianza; conviene recordar que, entre minoritarios y grandes inversores y fondos, Bankia ingresó en su salida a Bolsa 3.600 millones.

Con todo, este frente es solo uno de los varios judiciales que tiene abiertos el banco y su antigua cúpula. En total, hay cerca ya de un centenar de imputados por las diferentes causas; solo por las tarjetas black (opacas a Hacienda) hay 78 encausados que empezarán a declarar este mismo mes ante Fernando Andreu.

El magistrado, en su auto de ayer, da algunas pistas sobre esta macrocausa. Advierte que se trata de un caso «grave y complejo», con hechos «aparentemente delictivos» y que tardarán en dilucidarse: «Aún está lejos de cerrarse la instrucción [...] La apertura de juicio oral no se encuentra cercana», avisa. A juicio del PSOE -el único partido que se manifestó ayer-, el documento del juez es «gravísimo».

Nuevos frentes

Y en medio de todo este jaleo, ayer se conocieron dos nuevas querellas presentadas contra antiguos altos cargos de Bankia y Caja Madrid (la entidad fundadora). UPyD presentó ayer una contra, entre otros, Miguel Blesa (expresidente de Caja Madrid) y Rodrigo Rato, por las retribuciones de sus directivos, que se repartieron en cinco años el equivalente de lo que cobraban los 4.500 trabajadores de la entidad que acabaron despedidos. Un poco antes, Manos Limpias hacía lo propio en la misma línea: denuncia contra Blesa y otros diez directivos de la entidad en relación con sobresueldos presuntamente cobrados entre 2007 y 2010. Blesa es, por cierto, el único banquero que durante estos años de crisis financiera ha terminado en prisión, por dos veces.