Como ya hiciera el año pasado, el Ejecutivo esgrimió la delicada situación de las cuentas de la Seguridad Social (con un abultado déficit y teniendo que echar mano periódicamente del fondo de reserva) para aplicar una subida anual ínfima a las pensiones: la mínima que marca la ley, después de que en el 2013 -con una reforma aprobada en solitario por el Gobierno- desvincularan su revalorización del IPC.
Aunque la ley establece que en el futuro, en concreto a partir del 2017, las prestaciones podrán revalorizarse en mayor porcentaje en función de la evolución de la economía, entre otros factores, lo cierto es que hasta que esas condiciones se den, para los pensionistas gallegos la única vía para compensar las casi imperceptibles subidas llega por el lado de la inflación. El 2014 el IPC cerró en un histórico -1,1 %, lo que, al menos en teoría, permite recuperar algo de poder adquisitivo. En ello insiste el Gobierno.