El Gobierno hará caer todo el peso la ley sobre los piratas si son españoles

Si se logra desentrañar la maraña de empresas interpuestas y sociedades fantasmas que están detrás del Kunlun, el Songhua y el Yongding -los tres barcos con bandera de Guinea Ecuatorial a los que la Armada de Nueva Zelanda sorprendió pescando ilegalmente en el Antártico-, y resulta que estos tienen raíces en Galicia, como se sospecha, España hará caer todo el peso de la ley sobre los armadores. Y los tripulantes tampoco no quedarán impunes. Así lo anunció ayer la Secretaría General de Pesca en un comunicado: «Aunque no tienen pabellón español, sino de Guinea Ecuatorial, si se demostrara cualquier relación con nuestro país, supondría la imposición de graves sanciones en materia pesquera». El Gobierno español ha trasladado a Nueva Zelanda y a la secretaría de CCAMLR (Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos de la Antártida), la organización que regula esas aguas, su firme apoyo y la absoluta colaboración con las investigaciones sobre los pesqueros piratas. España tiene «un firme compromiso en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca IUU)» y no quiere echar por la borda la reputación de principal azote contra los piratas que se ha labrado con acciones pioneras como la de retirar el permiso de pesca a tripulantes españoles relacionados con la pesca ilegal, el celo extremo impuesto a la entrada de importaciones de productos pesqueros, y mismo la modificación de la Ley de Pesca Marítima, que refuerza la capacidad de actuación de las autoridades españolas contra la pesca pirata, «en consonancia con la normativa comunitaria vigente de lucha contra la pesca IUU. Evidencias documentales De esta manera, la Administración española «iniciaría actuaciones bajo la normativa nacional y comunitaria vigente, en el caso de que se derivaran de las investigaciones en curso presuntas infracciones de ciudadanos españoles, tanto en el caso de la empresa armadora, como de los tripulantes del buque». Si se demuestra esa vinculación, España necesitaría las pruebas y evidencias documentales que afirma haber recabado Nueva Zelanda. Por eso ya se las ha reclamado. Un material similar, facilitado en este caso por Australia, fue el que permitió recientemente a la Administración tomar medidas pioneras y únicas en ese caladero, que han supuesto la imposición de fuertes sanciones a marineros nacionales relacionados con actividades de pesca ilegal. Agricultura recuerda que hay flota española operando legalmente en esa zona.

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