Patronal y sindicatos despiden y bajan salarios por los recortes en formación

Cuando en el otoño del 2011 Mariano Rajoy llegó a la presidencia del Gobierno, el sistema para la formación en España disponía de 3.600 millones de euros. La mitad de esa cifra se correspondía con las cuotas de trabajadores y empresarios. Y el resto, 1.700 millones que aportaba el Estado, y otros 100, el Fondo Social Europeo. En el año 2012, este segundo pilar fue borrado de un plumazo por las exigencias de los recortes. Quedaron los 1.800 millones de las cuotas. Un 60 % de ese dinero, entonces, se asignó a las entidades sin ánimo de lucro para la financiación de cursos, es decir, a patronales y sindicatos. El 40 % restante fue para ayudas y bonificaciones a las empresas.

Dos años después, se han invertido los términos del reparto proporcional de ese montante de 1.800 millones. Solo un 15 % de esa cifra está en manos ahora de los agentes sociales y el resto ha ido a las empresas, en parte para financiar programas que, en ocasiones, ayudan a tapar otros recortes públicos del sistema educativo. El resultado es que toda la estructura paralela que se había alumbrado para la formación en los tiempos de vacas gordas se ha resquebrajado.

Sumado ello a las irregularidades señaladas por el Tribunal de Cuentas, cabe concluir que el sistema de formación de los agentes sociales es hoy un cuerpo anémico, al que muchos aventuran muy poco recorrido y que, lejos de ser un negocio, constituye hoy un quebradero de cabeza para organizaciones sindicales y patronales provinciales.

Forem, la empresa con la que Comisiones Obreras gestiona la formación en Galicia, acaba de ejecutar esta semana ocho despidos. Se queda con nueve trabajadores y arrastra unas pérdidas acumuladas de 375.000 euros. Pero en el 2012 ya hizo un ERE extintivo para 24 empleados. Maica Bouza, presidenta de Forem, habla de un proceso «irreversible». Forga, la fundación de la CIG, tenía en el 2012 a 75 personas y ahora quedan 30. De los ocho millones de euros que gestionó en el 2011 ahora apenas llegan a dos. «A nós non nos quedou máis remedio que ir á reestructuración, pero a nosa xente saiu coas cantidades anteriores á reforma, con 40 días por ano e unha bolsa de emprego», precisa Anxo García, responsable de formación del sindicato.

A diferencia de la central nacionalista y de Comisiones, en UGT se encarga de la formación una entidad estatal, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES). «De la estructura permanente de IFES han salido cuatro personas y nos quedan solo doce, pero hemos dejado de contratar dos tercios de monitores y profesores de cursos», señala Domingo Barros, encargado de formación. Desde el 2012, según sus cálculos, la organización ha perdido el 70 % de los fondos.

También las patronales

Ese es, a grandes rasgos, el escenario que dibujan también las patronales provinciales. La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) dejó de hacer formación desde el 2000, cuando estalló el escándalo de los cursos y se detectó un agujero de 6 millones. En Lugo, la patronal tiene hoy solo tres de cada diez euros de los fondos públicos que gestionaba en el 2012. Ha recurrido a prejubilaciones, a no renovaciones de temporales, a aplicar la media jornada en el personal administrativo y a un recorte de sueldos de entre el 10 y el 20 % para la plantilla. A Coruña ha prescindido de una persona y cifra la caída de la actividad en cursos en el 30 %. En la patronal de Ourense han despedido a tres personas, y en Pontevedra, con un 70 % menos de fondos, hay una reducción de jornada y salarios del 20, 5 % para toda la plantilla de formación.

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