La jueza, con los mismos argumentos que en el caso Gadisa, también falla a favor de otros cuatro inversores del banco
04 dic 2014 . Actualizado a las 05:00 h.El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tendrá que devolver los 8,5 millones que cinco empresarios gallegos invirtieron en la compra de acciones de NCG Banco durante el período de privatización de la entidad. Así se recoge en la segunda sentencia que desde el juzgado de primera instancia número 2 de A Coruña, emitió la magistrada Marta Canales Gantes.
El fallo mantiene los argumentos expuestos un día antes en el caso de Gadisa contra el FROB: hubo dolo por parte de los vendedores, ya que aún conociendo que el banco era inviable sin más ayudas públicas, decidieron no revelar la situación real a los inversores que iban a entrar en el capital. De los 8,5 millones, 6 los aportó Inveravante, empresa presidida por Manuel Jove, y el resto se corresponden con aportaciones realizadas por Metalships (Manuel Rodríguez, 100.000 euros), Ranebé 2003 (Ramón Devesa, 2 millones), Santiago Rey Fernández-Latorre (200.000 euros) y José Luis Vázquez Mariño (200.000 euros).
La jueza, que estima lo expuesto por Daniel Jiménez, abogado de los empresarios, es rotunda en su argumentación, en la que detalla un análisis pormenorizado de los acontecimientos ocurridos antes de la venta de las acciones. Entiende que, salvo los demandantes, todos los interlocutores del proceso (Banco de España, CNMV, FROB, NCG y auditores) conocían «sobradamente» antes del 12 de enero del 2012 (día en el que se firma el contrato de compraventa) que la entidad tendría que acometer un ajuste de casi mil millones de euros, que tendría que incrementar su capital en 948 millones y que el banco tendría que cumplir con un nuevo real decreto que le requeriría hacer nuevas dotaciones por 1.513 millones. Pero solo dos instituciones, el FROB y NCG, estaban obligadas legalmente a dar esa información a los empresarios. Sin embargo «nada hicieron ni dijeron». «Optaron -argumenta el fallo- por silenciar a los inversores una información tan relevante que hubiese generado su huida y negativa a la firma del contrato». «Se les privó -añade la magistrada- de la posibilidad de adoptar una decisión libre, consciente y voluntaria, viciándose su consentimiento ante la ocultación de la información».
La jueza también llama la atención sobre el hecho de que el FROB, con arreglo a lo pactado, podía no haber llevado a efecto la compraventa ya que los inversores que entraban en ese momento en el capital no habían alcanzado el 5 % de las acciones, «pero no lo hizo, optó por la firma».
Se considera en el fallo que los empresarios tampoco tenían que hacer una due diligence de la entidad antes de arriesgar su dinero (así se lo echó en cara el FROB) porque la auditoría encargada por el Banco de España y las tres valoraciones realizadas para la entrada del fondo de reestructuración «ofrecía una cierta credibilidad». Pero es más, argumenta la magistrada, el FROB y NCG ocultaron información relevante a las puertas de la firma de la operación, «y decir ahora que es culpa del inversor porque no extremó su diligencia sería tanto como validar jurídicamente la mala praxis de las demandadas. Y eso no es aceptable». El FROB anunció ayer que recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial de A Coruña, al igual que la de Gadisa.