La jueza obliga al FROB a devolver a Gadisa 10 millones que invirtió en NCG

Sofía Vázquez
Sofía Vázquez REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

Roberto Tojeiro (en el centro), antes de comenzar el juicio.
Roberto Tojeiro (en el centro), antes de comenzar el juicio. césar quián< / span>

Tanto el Fondo como el banco cometieron dolo porque tenían la obligación jurídica, contractual «y hasta ética» de exponer la situación de la entidad

03 dic 2014 . Actualizado a las 05:00 h.

En una sentencia que hilvana minuciosamente los hechos y destaca todo tipo de fechas y datos aportados -y discutidos con tensión incluso- durante la reciente vista en A Coruña, la jueza de primera instancia Marta Canales Gantes ha dictado que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y NCG Banco actuaron con dolo en el proceso de venta de acciones de la entidad financiera a Gadisa, que destinó 10 millones de euros a la operación.

Se argumenta en el auto que tanto el FROB como NCG ocultaron información relevante de la institución financiera, pese a que tenían «la obligación jurídica, contractual y hasta ética» de hacerlo. La jueza declara nulo el compromiso de inversión y la escritura de compraventa de acciones, y obliga al FROB a reintegrar el precio obtenido por la operación (10.109.209,82), incrementado en los intereses legales desde la fecha del otorgamiento de la escritura pública de compraventa hasta la fecha del completo pago. El FROB y el banco tendrán que hacer frente a las costas del juicio.

Gadisa, defendida en este caso por Daniel Jiménez, del despacho SLJ Abogados, forma parte del grupo de empresarios gallegos que invirtieron 70 millones durante el proceso de privatización del banco por parte del Estado. La compañía de distribución, que planteó su demanda en solitario, era la que partía de una peor situación por cuanto su presidente, Roberto Tojeiro, era miembro independiente del consejo de administración de la entidad, y formaba parte también de la comité de auditoría. Según la jueza, queda demostrado -según declara él mismo en un acta del comité de auditoría que se celebró cinco días después de haberse llevado a cabo la compra de las acciones- que «el señor Tojeiro desconocía» la justificación de la diferencia entre los 1.700 millones del valor en libros de la entidad y los 181 de valor de mercado.

Falta de diligencia

Durante el juicio, el FROB y NCG le echaron en cara a Gadisa que no hubiese actuado con diligencia y hubiese hecho una due diligence de la entidad antes de realizar la inversión. A este respecto, la jueza recuerda que el Banco de España ya encargó esa auditoría acelerada y tres valoraciones para dar entrada al FROB en la entidad gallega, documentación «que ofrecía una cierta credibilidad». Y la juez se pregunta: «¿No tienen las demandadas (FROB y NCG) un mínimo de diligencia? Porque lo que se ha evidenciado es que a las puertas de la firma de la escritura pública de compraventa, las demandadas ocultaron información sumamente relevante para el inversor:

1.- La realidad del ajuste contable. Importante cuantitativa y cualitativamente [obligaba a inyectar otros mil millones en la entidad, cuyos ratios de solvencia quedaban por debajo de los legales establecidos].

2.- La preparación de una nueva normativa con unas previsibles consecuencias».

Las consecuencias fueron una nueva inyección de capital que barrió la posición de los inversores gallegos que habían pagado un cheque de 70 millones al FROB a cambio de unas acciones de una entidad que, según quedó demostrado, era inviable sin ayudas públicas.

«Los demandados -argumenta la jueza- tienen que asumir las consecuencias de sus actos porque tenían la obligación jurídica, contractual y hasta ética de poner sobre la mesa la realidad de la situación y no la han querido mostrar, actuando dolosamente, lo que ha viciado el contrato y posibilita su nulidad».

El FROB comunicó ayer que estaban estudiando el fallo, que «con un altísimo grado de probabilidad» será recurrido ante la Audiencia Provincial por los servicios jurídicos del organismo público.