El inmovilismo de Soria deja en el aire 800 empleos en A Coruña y Avilés
03 dic 2014 . Actualizado a las 05:00 h.«Supongo que nadie estará planteando al Gobierno que establezca unas condiciones singulares y particulares en una subasta para un determinado número de empresas en relación a otras». El ministro de Industria, José Manuel Soria, zanjó así ayer cualquier posibilidad de que Alcoa reciba trato preferente en la subasta de interrumpibilidad que se celebrará este mes para adjudicar los 200 millones de euros que no se concedieron en la primera puja. En esta, la multinacional del aluminio no logró megavatios bonificados para sus plantas de A Coruña y Avilés (que suman 800 empleos) y por eso acaba de anunciar la apertura de un proceso de negociaciones con los sindicatos para aplicar un despido colectivo.
La empresa condiciona el futuro de estas fábricas al resultado de la segunda subasta que le garantice un precio de la energía competitivo a partir de enero, aunque no ha esperado a que esta se celebre para tomar medidas porque ni siquiera está convocada aún. De momento no ha concretado si despedirá a una parte de las plantillas o si cerrará las plantas. Mañana jueves tendrá lugar en Madrid la primera reunión con las centrales.
Soria insistió en que a la segunda puja podrán acudir todas las empresas que lo deseen pero en las «mismas condiciones», porque «no podemos establecer condiciones singulares para una empresa». Sobre el despido colectivo en Alcoa, el ministro animó a la compañía a concurrir a la puja porque hay una «cuantía de megavatios elevada».
Sin embargo, los lotes de energía con incentivos que quedaron sin adjudicar en la primera ronda son bloques pequeños, de 5 megavatios. Los diseñados para la industria intensiva, como Alcoa, de 90 megavatios, sí se agotaron. Tres de esos bloques, de hecho, se los llevó la multinacional para su planta de San Cibrao, que queda fuera de sus planes de reestructuración. Fuentes de Alcoa explicaron que los lotes de 5 megavatios se podrían agrupar para formar varios de 90 y así aspirar a algunos de ellos. La compañía precisó que necesitaría dos paquetes de ese tipo, uno para A Coruña y otro para Avilés, más otros cuatro de 5 megavatios. Si lograse esto, las plantas se salvarían pues podrían seguir produciendo aluminio a precios competitivos. Pero el ministerio no se pronuncia sobre la posibilidad de agrupar la potencia que se va a subastar. Si no fuera así, Alcoa tendría escasas posibilidades de obtener incentivos para su factura de la luz.
Conde recibe a los trabajadores
El conselleiro de Industria, Francisco Conde, recibió ayer en Santiago con los representantes sindicales de la factoría de A Coruña para trasladarles el apoyo del Gobierno gallego. Conde reiteró que mantiene contactos con el ministerio y con la propia empresa para que en la segunda subasta «todas as empresas intensivas poidan acceder a megavatios a un precio que lles permita manter a súa actividade e os postos de traballo». Pero ¿cómo? Conde no lo concretó, pero lanzó una alerta a tener en cuenta. Señaló que el ministerio quiere una subasta que garantice que los lotes de energía se adjudican por concurrencia competitiva -es decir, al mejor postor- a fin de que Bruselas no considere estos incentivos como una ayuda de Estado, lo que al final acabaría perjudicando a las propias compañías adjudicatarias.
En Italia existe un precedente de este tipo reciente. El año pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligó al Estado italiano a recuperar 295 millones que le había concedido a Alcoa vía una tarifa especial de electricidad, que la Justicia comunitaria consideró ilegal. Poco después de conocer la sentencia, la multinacional cerró la fábrica.
Conde abogó, de momento, por aguardar a la segunda subasta. A partir de ahí, señaló, será preciso implantar un «mecanismo estable» que garantice que las empresas intensivas acceden a precios de la energía que les permitan competir en Europa, pero no puedas ser consideradas como ayudas de Estado.
Alcoa no es la única industria con plantas en Galicia que necesita prestar el servicio de interrumpibilidad para abaratar sus costes energéticos. Otras son Megasa -que no se pronuncia, pero que negocia un ERE- o Ferroatlántica -que prefiere aguardar a la segunda subasta para hablar-.