Crece el cobro por uso de vías en Alemania y Portugal y Francia presiona a las concesionarias
ECONOMÍA
El cobro por la utilización de autovías e incluso carreteras nacionales y locales está aprobado desde el 2011 en la Unión Europea. Desde entonces, la penetración de la llamada euroviñeta ha sido más bien nula, aunque sobre todo los camiones, ya tienen que hacerle frente en Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Suecia, República Checa, Dinamarca y Austria, además de Suiza. En los dos últimos países es necesario adquirir una tarjeta, que en función del tiempo de uso, llega a 40 euros anuales en el caso austríaco y 60 en el suizo. En ambos casos, la recaudación por dicha tasa se invierte en el mantenimiento de sus redes de carreteras.
Alemania, que cobra peajes a los camiones extranjeros en sus autopistas, acaba de decidir extender dicha tasa a otras carreteras a partir del 1 de julio del próximo año, con lo que 1.100 kilómetros de viales nacionales estarán sujetas también a dicho gravamen para evitar que los transportes pesados busquen rutas alternativas a las autopistas, saturando otras vías. La tasa, que hasta ahora afectaba a los transportes de más de 12 toneladas, se hará extensible a todos los que superen las 7,5. La recaudación estimada por el Gobierno germano ronda los 875 millones de euros en tres años, cifra que podría multiplicarse si se hace efectiva a los vehículos ligeros extranjeros en las autopistas, como pretende el Ejecutivo de Merkel.
Francia aprieta
Portugal, uno de los primeros países de Europa en cobrar en vías gratuitas, está decidida a extender el peaje a la totalidad del trayecto en sus autovías, en lugar de gravar tramos concretos, como hace desde el 2010. Y lo mismo se plantea, aunque solo para los camiones, Francia, que ya ha aplazado en dos ocasiones una medida que perjudicaría sobremanera a los transportes por carretera españoles y portugueses, obligados a transitar por la red gala en sus viajes a Europa. Eso sí, el Gobierno francés ha iniciado una estrategia de presión a las empresas concesionarias de sus autopistas para que adecúen sus tarifas a la situación económica del país, tras hacerse evidente que sus peajes han subido por encima del IPC, extremo que les ha permitido mantener beneficios holgados pese a la crisis.
El Gobierno galo trata de imponer unas tarifas regulables en función del volumen de tráfico registrado y de los beneficios, a lo que las concesionarias se resisten por el momento.