A partir de enero, los empresarios que tengan relaciones comerciales con las administraciones deberán presentar este tipo de recibos
23 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.A partir del 15 de enero del 2015 todos los empresarios que tengan relaciones comerciales con las administraciones públicas (Administración central, diputaciones, ayuntamientos, fundaciones u otras instituciones) tendrán que presentar facturas electrónicas, siempre que el importe de la operación supere los 5.000 euros. La norma es obligatoria y aparece con todo lujo de detalles en el Boletín Oficial del Estado del 28 diciembre del 2013. Hay además una página web (http://www.facturae.gob.es/Paginas/Index.aspx) que trae información detallada sobre este asunto. Se explica, por ejemplo, que la factura electrónica tiene que ser legible, auténtica y debe de cumplir el requisito de la integridad, es decir, tiene que garantizar que el documento no ha sido modificado. También el empresario está en la obligación de tener una firma electrónica y un certificado electrónico ya reconocido.
El fin de la medida -que, por otra parte, lleva muchos años aplicándose en las relaciones de las grandes compañías con sus proveedores- no es otro que reducir el manejo de papel, dar más seguridad a las transacciones comerciales y también mayor agilidad.
Hasta aquí, todo perfecto. Sin embargo, como suele ocurrir con cierta asiduidad, se ha elaborado una norma de cumplimiento obligatorio para las relaciones entre Administración y administrado que, en algunas ocasiones, será prácticamente imposible de cumplir.
Por ejemplo: ¿qué ocurrirá si el administrado no tiene Internet en su casa o en su oficina? Sencillamente que tendrá que localizar un lugar donde exista este servicio -posiblemente en el propio ayuntamiento- y enviar desde allí la factura, explica Jorge Cebreiros, miembro del comité ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Galicia y presidente de Ineo, asociación referente del sector gallego de las tecnologías de la información.
Les pongo otro ejemplo de cómo una norma complica la vida de las empresas: ¿cuál es el formato en el que se debe de presentar la factura? Depende, y no se trata de una respuesta a la gallega. Es probable que los 314 municipios de Galicia, además de las diputaciones, organismos autónomos o la Xunta opten por utilizar un mismo programa de gestión. Si es así, las empresas deben de adecuar su software a la exigencia de la Administración. Sin embargo, puede ocurrir que una consellería opte por otro tipo de programa. En ese caso, el proveedor deberá de adaptarse al programa general y al de esa institución en concreto.
Todavía se puede rizar más el rizo. Según explica Jorge Cebreiros, es probable que haya comunidades autónomas que diseñen sus propios programas. ¿País Vasco y Andalucía, por ejemplo? Si es así, habrá empresarios que tendrán que adaptar por tercera vez sus equipos para poder cumplir con los distintos organismos con los que contrata. En la práctica, significa que hará facturas en tres formatos electrónicos diferentes. Eso, además de costar tiempo y dinero, no tiene ningún sentido. ¿Por qué la norma no obliga a manejar un único programa de gestión -el llamado FACe será el de uso más común- en todo el territorio? ¡Quien lo sabe! Lo cierto es que habrá algún político o alto cargo que se retuerza si tiene que depositar en el Ministerio de Administraciones Públicas (en manos del partido contrario) toda aquella información relacionada con sus proveedores, con sus contratos, con los importes de los mismos.... Son datos demasiado valiosos para que estén en manos del enemigo político.
Como no hay mal que por bien no venga, en medio del caos surge un nuevo negocio. Ya hay empresas, proveedores de servicios, que se aprovechan de la coyuntura y le ofrecen a los pequeños empresarios la posibilidad de ser ellos los que le presenten las facturas ante las diferentes administraciones. Habrá pymes que acepten y opten por contratar un servicio para cobrar un recibo a un organismo público. Asumirán un coste, pero no se volverán locas.