El FROB dice que hay «un error» en una prueba clave a favor de los inversores en NCG

Sofía Vázquez
Sofía Vázquez REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

Insiste en que por contrato no estaba obligado a entregar a los empresarios información relevante para su toma de decisión

22 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.

«Visto para sentencia». La jueza del caso que enfrenta al FROB y a los inversores gallegos que invirtieron 70 millones en NCG y los perdieron, se levantó y le dio la mano a cada uno de los abogados de la causa. «Fue un placer», les dijo. Ahora le toca a ella dar su veredicto sobre un asunto que es recurrible, que durará años y, con casi total probabilidad, llegará al Supremo. Durante el juicio se puso de manifiesto la importancia para esta causa de las pruebas documentales, en las que se incluyen actas con declaraciones, fechas y horas, que pueden inclinar la balanza de un lado u otro. En uno de los documentos se indica que en la junta de accionistas del 2012 el presidente de la comisión de auditoría, Carlos González, (había sido presidente de Deloitte, la auditora de la entidad) había dicho que ya el 30 de noviembre del 2011 se había cerrado un balance con un ajuste de 1.127 millones. El dato es relevante ya que los inversores compraron las acciones al FROB en enero del 2012, con lo cual meses atrás los responsables de la entidad controlada por el FROB ya sabían que había un agujero en las cuentas. «¿Por qué no les avisaron?», le inquirió ya el jueves el abogado de los empresarios a Leopoldo Puig, representante del FROB. «Me extraña que se contabilizara el 30 de noviembre. Sería casi imposible», dijo entonces. Ayer tanto la abogada del Estado como el representante de NCG advirtieron que la fecha citada en el documento solo podía provenir de un error de transcripción o de interpretación. Este argumento no lo compartió el abogado de los empresarios. Defendió además que no era tan obvio para los inversores que hubiera que hacer un ajuste de mil millones como consecuencia del desfase de valoración que había entre 1.770 millones y 181. Si fuera evidente, alegó, el FROB tendría que haberlo cubierto a su entrada y no exigirlo después de que entraran los empresarios. Añadió que estos no compraban una entidad de 181 millones sino de 4.000 (suma de los 2.475 millones que había ingresado el FROB más los 1.770 del valor patrimonial en libros). De otra manera con sus 70 millones no tendrían un 2,6 % del capital, sino casi el 50 %.

En opinión de la abogada del Estado, la inversión se perdió por la convulsa situación económica, que provocó la aprobación de dos reales decretos que exigían más provisiones y el rescate bancario. Incidió que el FROB no negoció con los inversores, y que tampoco estaba obligado a darles información actualizada, aunque fuese relevante.