España, dijeron los expertos, es el país que menos recaudó por IVA en el 2012 y en el 2013
09 nov 2014 . Actualizado a las 08:25 h.¿Saben ustedes por qué el Gobierno no se atrevió a subir el IVA en esta reforma fiscal que entrará en vigor el 1 de enero? Antes de contestar a esta pregunta analicemos el discurso de la comisión de expertos que se montó para abordar la reforma tributaria:
1º. España ha atravesado una crisis sin precedentes, con graves secuelas en el empleo (el 60 % de los parados llevan más de un año buscando trabajo) y en el PIB.
2º. La economía tiene un endeudamiento elevado. Hay una pérdida de competitividad. No somos capaces de financiar las necesidades del país con ahorro interno. Hay que acudir al externo.
3º. El envejecimiento de la población obliga a pensar que el número de personas sosteniendo el sistema será cada vez menor. Habrá que reducir las pensiones y forzar el ahorro privado para complementarlas.
4º. La presión fiscal en España es baja. Los ingresos tributarios equivalen al 34 % del PIB, mientras que los socios comunitarios incrementan esa tasa en cuatro puntos, mientras que con los países más ricos la brecha es de ocho. Los tipos son altos, pero existen tantas ventajas fiscales que este año se dejarán de recaudar 71.000 millones.
5º. España es un país muy descentralizado en gasto público. Solo superado por Canadá y Suecia. Hay una falta total de corresponsabilidad fiscal. La comunidades no adecúan su nivel impositivo a su gasto, y deberían de ir pensando en el copago, «muy adecuado en educación y sanidad, que son los gastos más importantes de las comunidades autónomas», dijeron los más liberales de la comisión.
Por todos los factores explicados -y algunos más-, los expertos elegidos por el Gobierno, con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, entendían que su propuesta tenía que quebrar la tendencia alcista de la deuda (hasta rebajarla a niveles del 60 % del PIB), mejorar la competitividad, incrementar el ahorro y favorecer el empleo. ¿Cómo? Subiendo el IVA y los impuestos especiales, por ejemplo. La medida -pensaban y siguen pensando- tendría un efecto importante en el PIB y en el empleo. Habría que reducir las cotizaciones sociales y obligar a las compañías a que ese «ahorro empresarial» lo trasladasen a los precios. Con lo cual los trabajadores compensarían cualquier rebaja de salarios (en caso de que la hubiese) con la caída de precios que propiciarían las empresas. [Cuando algunos economistas menos liberales escucharon esta propuesta se sonrieron].
España, dijeron los expertos, es el país que menos recaudó por IVA en el 2012 y en el 2013. No por el tipo general (21 %), explicaron, sino por el peso de los bienes gravados con tipos reducidos. Más del 50 % del gasto de las familias pagan por este impuesto el 4 o el 10 %. Por lo tanto, ¿cuál sería la medida a tomar? Subir el IVA reducido y el superreducido. No se hizo. Ni tan siquiera se propuso ¿Por qué? En determinados supuestos esa subida sería regresiva para los contribuyentes más azotados por la crisis. Afectaría más a los individuos más pobres. ¿A quiénes? A los parados de larga duración, a las viudas y a los jóvenes. Si bien a los primeros se les podría compensar incrementando la ayuda de los 400 euros; y a las segundas, a través de su pensión, ¿qué se haría con los terceros? Nada. Al no existir mecanismos de compensación, cualquier incremento los harían más pobres de lo que ya lo son. Los liberales achantaron y Montoro dejó el IVA sin cambios. De momento.