Los del 2015 son, sobre todo, unos presupuestos tristes. El que viene es un año electoral con desafíos de enorme relevancia para el partido que gobierna Galicia y España. Es también, según el Gobierno de aquí y de allá, el primer año de la recuperación. Estaríamos, de ser cierta esta visión, en un escenario en el que lo esperable sería encontrarnos con un presupuesto expansivo, que impulsara el crecimiento económico a través de la inversión, que mejorará las prestaciones sociales y que nos devolviera al menos una parte de lo que nos quitaron los presupuestos del ajuste.
Pues poco de eso hay. Una decepción que hasta resulta difícil de entender. El cuadro macroeconómico sobre el que se construye el presupuesto estima un crecimiento nominal de la economía del 2,6 %, pero el aumento del gasto se queda en un exiguo 0,5 %. En realidad decrece, porque la inflación prevista es del 0,6 %, y por lo tanto el gasto se reduce en términos reales. La Xunta tiene que hacer mucha pedagogía para explicar este presupuesto, en especial si se tiene en cuenta que las aportaciones del Estado aumentan casi el 12%.
Porque a pesar del discurso oficial de salida de la crisis, estamos ante un presupuesto de continuidad en el ajuste, en el que es muy difícil encontrar alegrías. No desde luego los empleados públicos a los que se les vuelve a congelar el salario. Ni los usuarios de los grandes servicios públicos, porque el gasto en educación se congela y en sanidad incluso baja. No en las inversiones que capitalizan el país, porque se vuelven a reducir por sexto año consecutivo. En realidad el único que se va a alegrar con el presupuesto es el vicepresidente Rueda ya que su consellería se queda con casi todo: el 97% de los escasos 37 millones de euros en los que aumenta el gasto no financiero.
Unas cuentas públicas difíciles de entender porque la Xunta se vuelve a endeudar en 491 millones de euros, pero la inversión a la que se supone que financian baja en 8; las transferencias del Estado aumentan en 216 millones, pero el gasto solo lo hace en 37; la reducción en 15 millones del pago de intereses debería liberar recursos para otras políticas prioritarias, pero los destinados a la sanidad bajan en 4 millones.