El Boletín Oficial del Estado guardaba el martes una sorpresa poco agradable para los bolsillos de los contribuyentes de cara al próximo año. Y es que Hacienda acaba de publicar la relación de municipios que han solicitado que se apliquen coeficientes de actualización para revisar el valor catastral de los inmuebles, lo que se traduce en mayor recaudación impositiva. En total, se revisarán 1.876 ayuntamientos, de los que 1.668 se actualizarán al alza (7,4 millones de inmuebles) y 208 (1,9 millones más) a la baja.
En el caso de Galicia, la revisión afectará a 65 municipios (26 en Ourense, 21 en Lugo, 10 en A Coruña y 8 en Pontevedra) y en todos será al alza, ya que las últimas actualizaciones de los valores eran anteriores al año 2006, momento álgido del bum inmobiliario. Tanto es así, que en algunos, como los lucenses de Alfoz o Foz, o el de Cangas, en Pontevedra, no se revisaban desde 1988.
Lo que sí destacan desde el Ministerio de Hacienda es que el incremento del valor catastral -el coeficiente a aplicar se aprobará en los presupuestos del 2015- no se traducirá en una subida del impuesto de bienes inmuebles (IBI), para cuyo cálculo se toma de base. Y es que -indican las fuentes oficiales- para evitar que a la subida del IBI aprobada hace dos años se sume ahora la prevista en el catastro, los ayuntamientos deberán elegir cuál aplican, pues ambas serán excluyentes entre sí. «De este modo, el efecto será neutro y no supondrá un aumento de la presión fiscal por IBI», insisten desde Hacienda.
Pero las organizaciones de consumidores ya han mostrado su rechazo a la medida, que califican de «catastrazo» en toda regla. La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) se opuso ayer «frontalmente» a su aplicación, criticando su «único afán recaudatorio». Por ello, pidió buscar fórmulas alternativas para elevar la financiación de los municipios.