Una vez que el Gobierno tomó el camino de una reforma fiscal populista, el margen de maniobra para cumplir con el mandato de déficit de Bruselas es muy escaso. Seguiremos con el austericidio aunque intentando suavizar su coste en un año en el que hay que pedir el voto. Porque la rebaja generalizada del IRPF se supone que animará algo el consumo y al votante exprimido estos dos últimos años, pero nos aleja de una recaudación potencial homologable a la media europea.
En el mejor de los casos si el déficit fuese del 4,2 % previsto y el crecimiento del PIB del 2 %, seguiríamos inflando la deuda pública colocándonos en una situación cada vez más delicada. Y eso a pesar de mantener al Estado de bienestar que gestionan las Comunidades Autónomas (sanidad y educación) en la agonía de los últimos años, al señalarles un tope de déficit de la cuarta parte del previsto para la Administración Central. Y, cuando en este año se reconoce que el déficit de la Seguridad Social se nos sale de lo previsto, es entrañable que se suponga que en 2015 lo vamos a reducir (con tarifas planas incluidas).
El consumo de las administraciones públicas se nos dice que disminuirá, también que se congelarán los sueldos de los funcionarios (eso sí con un guiño electoral sobre la paga extra) y que la mayoría de las pensiones seguirán en niveles de umbral de pobreza. Con este combinado es muy poco probable que el consumo familiar crezca al 2%, y si ese es el motor clave del crecimiento, el objetivo de crecimiento es una entelequia. Esto se sabrá a comienzos del 2016 cuando los votos ya estén contados.
Dicen las gargantas profundas de la capital que nuestro Gobierno actúa bajo los designios de sesudos alquimistas sociólogos y politólogos. Eso parece. Porque si de verdad se tratase de estimular la demanda interna, ganar mercados exteriores o reducir el endeudamiento, tendríamos que estar hablando de otras cosas.