La jueza desmonta y archiva la querella contra la cúpula del Banco Pastor
ECONOMÍA
Señala que los denunciantes no aportan ni siquiera pruebas elementales
17 sep 2014 . Actualizado a las 09:11 h.La querella interpuesta por Manuel García Sánchez, un pequeño accionista de Gerona, contra el presidente del Banco Pastor, José María Arias, y el que fuera vicepresidente de la entidad, Jorge Gost, ha sido archivada. La jueza del caso, Elena Rodríguez Molpeceres, desmonta en su auto punto por punto los delitos a los que el inversor acusa a los miembros de la cúpula del Pastor: administración fraudulenta, falsedad documental, contra los derechos de los consumidores, falsedad de la información económico financiera de la sociedad y estafa.
La juez resume que el querellante, representado por el gabinete Frade-Gobeo, entiende que el Banco Pastor transmitió dinero a las empresas participadas, las cuales eran insolventes a fin de dar una apariencia de solvencia. El dinero utilizado, según la querella, procedía de los depositarios, lo que permitió a la cúpula del Pastor lucrarse al presentar unas cuentas anuales manipuladas, faltas. Esas cuentas colocaron al querellante en una situación de engaño al realizar una inversión que le ha generado una pérdida económica.
A partir de aquí el demoledor auto de la juez utiliza cierto grado de ironía. Dice, por ejemplo, que «curiosamente», una vez admitida la querella, se amplía al delito de estafa. «Suponemos que fue un mero olvido, volviendo el mismo a la memoria que tanto nos traiciona, cuando ha de concretar el señor García Sánchez el quebranto que sufre a tenor de los hechos expuestos en tan amplia querella». Por segunda vez, la juez reitera que «curiosamente», el informe pericial «que viene a sostener, cual pilar, los hechos no recoge ni cuantifica dicho perjuicio, elemento del tipo necesario para hablar de estafa».
En un siguiente párrafo, se constata que el inversor adquirió acciones del Pastor que cotizaban en Bolsa, un mercado cuyo funcionamiento el supuesto defraudado conoce porque trabajó en el sector del capital-riesgo. «Pagó 1.500 euros por sus acciones y perdió 750», informa Manuel García, quien dice que se sentiría reparado con 250 euros ya que él asume una parte del riesgo. «A la vista de esta afirmación -argumenta la juez- entendemos que es desproporcionado el delito. Podríamos considerar ingente la tarea de la entidad al elaborar unas cuentas anuales falsas durante varios ejercicios, incurrir en varios delitos societarios con el fin de estafar 250 euros a un cliente con respecto a una inversión que queda por completo fuera del control directo de la entidad, pues como reconoce el propio querellante, se trata de una inversión en Bolsa sometida a fluctuaciones y riesgo». «En dicha operación -prosigue el auto- el querellante dice haber invertido todo el líquido que disponía por tener embargados los saldos de sus cuentas. Entiende que Hacienda no le puede embargar las acciones». El auto explica que un documento del Banco de España hace añicos el informe sobre el que se basaba la acusación de falsedad documental. Concluye que la querella se archiva, aunque puede ser recurrida.