Almunia ha protagonizado este verano las dos caras de la misma moneda para el naval ferrolano. En los primeros días de agosto dio el cerrojazo definitivo al proyecto de construcción de un dique flotante en las factorías públicas gallegas, al advertir de que su financiación podría constituir ayudas de Estado ilegales. Tumbaba así una de las principales demandas de los trabajadores de Navantia, que serviría para reactivar el empleo en las plantas locales sosteniendo 900 puestos de trabajo durante dos años y dotaría de una herramienta a la división de Reparaciones que le permitiría acceder a nuevos mercados. Pero ayer, Joaquín Almunia fue la cara visible de una noticia esperada aunque hasta el momento sin confirmación oficial por parte de las autoridades comunitarias: el anuncio de que a partir del 1 de enero del 2015 quedarán sin vigor las limitaciones a la construcción civil en los astilleros públicos pactadas en la última reconversión.
Aunque podría parecer una obviedad, la respuesta dada por Almunia a la eurodiputada Lidia Serna es la primera comunicación oficial en la que la UE deja constancia de que el fin del veto será automático el próximo 31 de diciembre y que no será necesario que medie negociación política alguna adicional para su supresión definitiva.
Sin embargo, aunque libera a la compañía para poder acceder de lleno a la búsqueda de contratos en el ámbito civil, el anuncio llega en un momento de plena incertidumbre sobre lo que tiene planificado hacer el Gobierno con los astilleros. Porque la hoja de ruta empezó a escribirla el pasado 25 de julio, cuando aprobó en Consejo de Ministros que será a partir de ahora el Ministerio de Defensa el que asuma la gestión de Navantia, aunque el de Hacienda continuará teniendo las competencias económicas sobre la compañía.
El traspaso al gabinete de Pedro Morenés abre una preocupación extra entre los astilleros que proceden del sector naval civil, entre ellos la antigua Astano, entre otras cosas porque el Ejecutivo apenas ha aportado información sobre la repercusión de esta medida, aunque ha dejado claro que Defensa liderará «los procesos de reestructuración y consolidación» del sector.
Los trabajadores se preguntan cuál es la estrategia que seguirá la compañía con respecto al sector civil y especialmente con una apuesta, la eólica marina, en la que tanto el astillero de Fene como el de Puerto Real (Cádiz) tienen puestas muchas expectativas tras los preacuerdos firmados con Iberdrola, aún pendientes de ratificación.
La antigua Astano, que lleva un año sumida en la parálisis, no ha dejado de estar en el centro de la rumorología sobre su posible venta. La auditoría anual que lleva a cabo Navantia a todos sus astilleros, a la que hay que añadir la renovación de distintas certificaciones, ha disparado estos días las alertas sobre una probable privatización.
Mercado off-shore
Excluido del único contrato en vigor en la ría ferrolana, la construcción del flotel para la petrolera Pemex, el astillero de Fene se ha visto obligado en los últimos años a renunciar a un mercado, el off-shore, en el que llegó a posicionarse en los primeros puestos a nivel internacional. Navantia ha renovado la apuesta por este segmento, pero sigue sin concretar a qué quiere dedicar estas instalaciones.