La evaluación del actual modelo de rentas básicas se abordará en un plazo máximo de seis meses. El Gobierno tendrá que analizar cuál sería el coste y cómo lo financiaría, pero una parte se hará con recursos del Fondo Social Europeo, que ha previsto un programa de inclusión social dotado con 800 millones de euros para los próximos siete años. Báñez recalcó que «las personas más vulnerables han estado siempre protegidas por este Gobierno». Sin embargo, Toxo recordó que la cobertura de las prestaciones por desempleo ha caído más de veinte puntos. Desde el máximo del 78,4 % registrado en el 2011 bajó al 57,7% de mayo de este año, por el endurecimiento de las condiciones para acceder a las prestaciones que aprobó este Gobierno.
El Ejecutivo y los agentes sociales han plasmado en 21 páginas qué temas están dispuestos a negociar. Entre ellos incluyen un plan de empleo, con especial atención a los parados de larga duración con bajo nivel formativo, así como aquellos mayores de 45 años o con cargas familiares, y una reforma radical del sistema de formación para el empleo.