Economía abre la puerta a reducir también las deudas con la Administración
27 jul 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Primero fue la Comisión Europea, en marzo. Poco después, a finales de mayo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), retomó el argumento y pidió al Ejecutivo un paso más en la nueva ley de refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial, de forma que se ponga fin al privilegio de la Administración y que Hacienda y la Seguridad Social asuman así quitas, igual que el resto de acreedores. Y ahora lo han vuelto a poner sobre la mesa desde el Consejo General de Economistas (CGE), advirtiendo que el crédito público (lo que se adeuda a Hacienda y a la Seguridad Social) asfixia a las pequeñas empresas, abocándolas al concurso y la liquidación.
Por ello plantean la necesidad de modificar la ley, haciéndola más flexible, para que sean posibles «quitas y esperas» en el crédito público «al mismo nivel que los acuerdos de refinanciación».
Fuentes del Ministerio de Economía confirmaban esta semana que se está trabajando en ello y que «no es un tema cerrado», es decir, que efectivamente el ministro, Luis de Guindos, recogió el guante lanzado por el FMI. El pasado junio, De Guindos aseguró en Santander que se estaban buscando fórmulas que permitieran acabar con la consideración «privilegiada» -no asumen quitas y son los primeros en cobrar- que en los procedimientos concursales tienen las deudas con la Administración Tributaria y con la Seguridad Social.
Negativa de Hacienda
Pero la disposición mostrada desde el principio por Economía chocó con la oposición de los dos ministerios en cuyas arcas impactaría tal medida, al resentirse, previsiblemente, la recaudación: Hacienda y Empleo.
Las diferencias de criterio entre Luis de Guindos y Cristóbal Montoro distan mucho de ser nuevas, pero en este caso la demora en resolverlas se está llevando por delante a centenares de pequeñas empresas y micropymes, lastradas mortalmente por lo que le deben al Estado.
Así lo constata un estudio realizado por el Consejo General de Economistas y uno de sus órganos especializados, el Registro de Expertos en Economía Forense (Refor), que radiografía la empresa tipo concursada en España. Y el perfil es el de una micropyme con plantilla de entre uno y nueve trabajadores y un volumen de negocio inferior a los dos millones de euros.
Los expertos destacan además que en España las micropymes representan casi un 60 % de los concursos de acreedores y suponen el 95,7 % de todas las sociedades constituidas en el país.
Asfixiadas por el crédito publico
Aunque la deuda global que tienen con las Administraciones públicas y en qué porcentaje no se cobra no está cuantificada, según el CGE la situación es preocupante, ya que las empresas más pequeñas son las más asfixiadas, hasta el punto de que el crédito público supone prácticamente un tercio de su pasivo.
La negativa de la Administración a asumir quitas y aplazar los pagos acaba condenando a estas sociedades, que son más del 95 % en España. Por ello, el presidente del CGE, Valentín Pich, insistió en la urgencia de modificar la normativa y acabar «con la situación privilegiada de los créditos públicos» en los procedimientos concursales.
Libertad en el grado de quita
«El ministro de Economía dijo que los concursos son una trituradora de empresas, pero yo creo que ya llegan trituradas. Han tenido dos o tres años de depredación de créditos, incluidos los públicos», apuntó Leopoldo Pons, presidente del Refor, para defender que el Gobierno «dé grados de libertad al crédito público para negociar el porcentaje de quita y los aplazamientos en el pago de la deuda. No pretendemos que la Hacienda Pública se arrumbe, pero sí que se dé un puntito de libertad -la quita no debería tener límites- que permita a las empresas seguir en marcha».