Los guardamuelles serán agentes de la autoridad y podrán sancionar
25 jul 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Unos 1.700 kilómetros de costa, punto de origen y destino de rutas marítimas, la mitad de las embarcaciones pesqueras de España, 122 dársenas de interés autonómico... Y Galicia todavía no cuenta con una norma propia superior para la gestión de sus puertos. A ese déficit comenzó ayer a ponerle remedio el Consello de la Xunta, al aprobar un anteproyecto de ley que entrará en vigor, probablemente, ya no este año, sino a partir de mediados del 2015. Entre otras cosas, el documento permitirá enviar a desguazar buques abandonados y conferirá a los guardamuelles la condición de agentes de la autoridad, con lo cual podrán iniciar expedientes sancionadores.
El texto definitivo dependerá de lo que objeten al original los organismos de control -el Consello Económico e Social (CES), por ejemplo- y de negociaciones posteriores tanto con los diferentes grupos políticos del Parlamento como con todos los agentes implicados en la explotación del sector: desde conserveras hasta armadores, pasando por cofradías y empresas privadas de náutica, entre otros. En su versión actual, acorta de cuatro meses a uno el plazo medio de tramitación de las concesiones portuarias y amplía su período máximo de duración desde los 30 años actuales hasta 50.
Esta segunda medida se adopta «co obxectivo de facilitar as cousas a todos aqueles que queiran investir nos nosos portos», en expresión de Alberto Núñez Feijoo. El jefe del Ejecutivo autónomo compareció en rueda de prensa tras la reunión semanal de su Gabinete para argumentar la «necesidade» e «importancia» de la ley ya en ciernes. «É difícil atopar un sistema portuario en España con máis diversidade que o galego, onde hai pesca de baixura e altura, marisqueo, náutica recreativa, tráfico de mercadorías e usos complementarios», adujo.
La futura normativa, que adapta la estatal al territorio y no afecta a las dársenas de interés general (Ferrol-San Cibrao, A Coruña, Marín-Pontevedra, Vilagarcía y Vigo), habilitará a la Administración gallega para declarar oficialmente abandonados y retirar de sus dársenas vehículos, maquinaria y otros objetos que lleven cuatro semanas en un mismo lugar sin ser reclamados ni utilizados. Además, le permitirá hacer lo propio con barcos que acumulen seis meses amarrados, fondeados o depositados en seco, sin «uso aparente» e incumpliendo el régimen de pago de tasas.
En paralelo, los guardamuelles ganarán autoridad «para reforzar as garantías no desempeño das súas funcións e previr accións que interrompan ou dificulten a normal actividade do peirao». Asimismo, la ley introducirá «mecanismos de transparencia e competencia» en la concesión de servicios, amén de castigar con dureza los vertidos.