En su afán de buscar dinero debajo de las piedras Montoro pone contra las cuerdas a miles de jubilados que hace años dejaron a sus familias para trabajar bajo leyes extranjeras
01 jun 2014 . Actualizado a las 22:13 h.Ya lo dijo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro: la Agencia Tributaria ha abierto 27.696 inspecciones a jubilados extranjeros residentes en España y a jubilados retornados que no han declarado su pensión ganada en un país foráneo. Asegura el señor ministro que él no está tratando al emigrante retornado como un defraudador; sin embargo, lo parece. Montoro, si no sabe, debe saber que esos emigrantes retornados (buena parte de ellos gallegos) llevan años haciendo cuentas con la Agencia Tributaria y, hasta ahora, nadie les dijo que declarasen su pensión. Es más, como nadie la declaraba -y Hacienda dejaba correr- había funcionarios que no se atrevían a sugerir a estos contribuyentes que fuesen más papistas que el papa.
Al llegar la época de vacas flacas, Hacienda toleó y, en su afán de buscar dinero debajo de las piedras (eso sí, sin meter mano a los sectores que defraudan y todos conocemos), pone contra las cuerdas a miles de viejos y viejas (ambas palabras utilizadas no en todo peyorativo, sino para expresar de manera gráfica la edad media de los contribuyentes frente a los que combate Montoro) que hace años dejaron a sus familias para trabajar bajo leyes extranjeras.
Sin embargo, aunque parezca imposible, la situación se ha tornado todavía más bochornosa y estúpida. Hay otro grupo de cientos de jubilados que, además de retornados, son inválidos, y la Agencia Tributaria no quiere dar su visto bueno al grado de minusvalía reconocida por el organismo pertinente del país al que emigraron, y con el que España tiene convenio. Un ejemplo real: llegó la mujer de un pensionista ante la ventanilla de la Administración tributaria de una gran provincia gallega y le dijeron que para reconocerle a su marido la invalidez total certificada por Suiza tenía que demostrar que el organismo de ese país que le reconoció su prestación es equivalente al Instituto Nacional de la Seguridad Social. ¿Qué absurdo es este? También le indicaron que podía pedir cita en el INSS y que le evaluaran la minusvalía desde el año en el que se la había reconocido Suiza. Otro absurdo. Ningún trabajador de la Seguridad Social puede evaluar con fecha de hoy cómo era tu deficiencia en 1989, por ejemplo. Y mucho menos puede certificar que la tenía en aquel año.
Tras hablar con varios funcionarios de la Agencia, estos confiesan que sus jefes no saben todavía cómo abordar el problema, que afecta fundamentalmente a comunidades autónomas en donde el peso de la emigración es mayor. Aseguran, eso sí, que parece que se está tratando de buscar una vía a través de aportación de cierta documentación, aunque aún no se sabe cuál.
El inspector coordinador del Consejo del Contribuyente, Teodoro Cordón, conoce este asunto. Se lo advirtieron en A Coruña en un encuentro organizado por los gestores administrativos de Galicia, donde quedó constancia de la situación de debilidad e indefensión que estaban viviendo estos emigrantes. «Vinieron con su pensión de invalidez reconocida, pero como no fueron en su momento a las autoridades sanitarias españolas ahora les dicen que su pensión no está exenta, y eso pese a que hay un convenio hispano-suizo en esta materia. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a los tribunales?», explicaba una de las gestoras presentes en la sala. Nadie les aconsejó. Nadie sabía qué hacer.
Este tipo de casos vuelve a confirmar que para nuestros gobernantes en la capital lo que no ocurre en Madrid no existe. Da igual que ellos hayan nacido en Jaén, Albacete o Pontevedra. La capi tiene un poder que les envuelve y les hace olvidar que su principal obligación es resolver, de la mejor manera posible, los problemas que tienen los que en su día, cuando vivían en provincias, fueron sus vecinos.