España se ha dado cuenta que es necesario evitar casos de corrupción en las compañías
20 abr 2014 . Actualizado a las 07:00 h.España ha atravesado una crisis de deuda, otra de liquidez y otra inmobiliaria. Ahora vive amenazada por una crisis empresarial. ¿A qué se refieren los expertos con esta definición? A los efectos que sobre la economía real pueden provocar dimisiones en masa de consejeros de compañías cotizadas y no cotizadas, o a su rechazo a firmar las cuentas por no verlas claras. ¿Miedo? Sí, lo tienen.
Los miembros de los consejos se han dado cuenta que ya no vale estar de figurante en los órganos de control y gestión de las sociedades, porque el cargo obliga a asumir altas responsabilidades. El incumplimiento de las leyes conlleva penas que figuran en el Código Penal, y que muy probablemente se agravarán a lo largo de este otoño. Casos como el de Codere y Pescanova han hecho perder miles de millones de euros a pequeños y grandes accionistas y, además, han roto los esquemas de todos los responsables de las instituciones de control (Banco de España, CNMV, etcétera), e incluso de los propios parlamentarios.
España se ha dado cuenta que es necesario evitar casos de corrupción en las compañías, y esto ha de reflejarse en la ley de tal manera que un juez sea capaz de entender si la compañía ha actuado de manera diligente para evitar estas situaciones.
Las reformas legales habidas y las que se están trabajando de cara al futuro van en esta línea. Aumentan las responsabilidades de los administradores y prevén sanciones económicas muy severas y acciones penalmente perseguibles que pueden acabar con algún consejero en la cárcel y sin un duro. «Me fui del consejo porque, si la compañía no sale adelante y acaba delante de un juez, pueden atentar contra mi patrimonio personal. Y los demás (se refiere a los consejeros) no tienen nada, y nada tienen que perder. Así me lo explicó mi abogado, y por eso he decidido irme», relataba a este periódico un ejecutivo conocido de una sociedad que en la actualidad no cotiza en Bolsa.
Ya la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) mostró su enfado cuando el consejo de administración de Abengoa le presentó las cuentas del 2013 sin firmar. Solo llevaba la rúbrica del consejero delegado, Manuel Sánchez; del director financiero, Jesús García-Quílez; y del director de consolidación, Enrique Borrajo. La presidenta de la Comisión, Elvira Rodríguez, consideró en ese momento que faltaba la declaración de responsabilidad de los consejeros. Hubo un tira y afloja entre la CNMV y la empresa, en la que figuran políticos como José Borrell y Ricardo Martínez Rico, ex secretario de Estado, además de los tres miembros de la familia Benjumea, que controlan el 58 % del capital.
Ir a la cárcel no gusta a nadie, y los consejos de administración de las grandes corporaciones -y de las pequeñas- deben reflexionar sobre cómo hacen las cosas, y por qué las hacen. Hoy los responsables de las compañías se vuelven más exigentes y ponen sin reparo de manifiesto que si tienen dudas en las cuentas o en la realización de ciertas actividades pueden tomar la opción de coger la puerta y marcharse. Hay quien no considera que haya crisis de empresa, pero sí que se está poniendo orden y control en donde antes no lo había. Pero casi siempre por la misma razón: las leyes penales son tan exigentes con los consejeros que pueden salir trasquilados y, ante este peligro, optan por ser transparentes y responsables. Ya lo decía el dicho popular: «O que ten cu, ten medo».