Coincidencia o no, con escasa diferencia de tiempo tres grandes empresas españolas de la alimentación han acabado con sus dirigentes en los banquillos de la Audiencia Nacional.
Pescanova, Nueva Rumasa o SOS Cuétara tienen a sus exgestores acusados de prácticas contables de dudosa legalidad; en los tres casos, con un resultado nefasto para las respectivas compañías, aunque las circunstancias son bien diferentes.
Pescanova
Entre facturas falsas y desfases contables. El expresidente de la compañía pesquera, Manuel Fernández de Sousa, junto con una decena de cargos y consejeros de la compañía, está imputado por el presunto falseamiento de las cuentas del grupo y el abuso de información relevante. Las auditorías han revelado la emisión de facturas falsamente infladas, hasta en un 1.200 %, que reflejarían operaciones entre sociedades instrumentales sin actividad real; además de una deuda que ha escalado hasta los 4.200 millones de euros. la compañía, en concurso de acreedores desde hace mas de un año, se debate ahora entre seguir adelante bajo el control del grupo Damm, si se acepta su propuesta de convenio de acreedores, o entrar en liquidación y pasar a manos de la banca acreedora.
Nueva Rumasa
Estafa e insolvencia punible. La familia Ruiz Mateos, levantó un gigante sobre las cenizas de Rumasa. Más de 4.000 pequeños inversores confiaron en la promesa de unos tipos de interés de hasta el 10 %. Según la Audiencia Nacional, las 13 empresas de Nueva Rumasa llegaron a emitir pagarés por valor de más de 337 millones de euros. Clesa o Dhul son algunas de las marcas que, tras la gestión de la familia Ruiz-Mateos, trataron de salir a flote con desigual fortuna. Tras su derrota, los Ruiz-Mateos encargaron el futuro de Nueva Rumasa a Ángel de Cabo, liquidador de Viajes Marsans, la firma del expresidente de la CEOE, Díaz Ferrán, actualmente en prisión.
Sos cuétara
Apropiación indebida y estafa. Fue el principal grupo aceitero de España e Italia y uno de los mayores productores europeos de arroz. Jesús Salazar, su presidente, fue expulsado del cargo por el presunto desvío de más de 200 millones desde la caja de SOS hasta una de sus sociedades patrimoniales. Por esa operación, a finales del 2009 tuvo que declarar ante la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de estafa y apropiación indebida. El grupo ha acabado en manos de su principal competidor, el rival de toda la vida: Ebro Foods.